El miércoles 31 de diciembre, una magistrada federal de Estados Unidos sentenció que la cancelación del Estatus de Protección Temporal (TPS) por el Gobierno de Donald Trump para más de 60,000 inmigrantes provenientes de Nepal, Honduras y Nicaragua era ilegal.
La magistrada Trina Thompson, del Distrito Norte de California, estimó que la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, no justificó adecuadamente la decisión de terminar con el TPS para estos países, violando así la Ley de Procedimiento Administrativo.
El TPS es un permiso temporal que permite a los inmigrantes indocumentados permanecer y trabajar legalmente en Estados Unidos cuando sus países de origen sufren desastres naturales, conflictos armados o condiciones extraordinarias que impiden su regreso seguro.
La demanda fue interpuesta en 2018 por varias organizaciones de derechos de los inmigrantes, quienes argumentaron que la decisión de terminar con el TPS para Nepal, Honduras y Nicaragua estuvo motivada por razones políticas y racistas, y no por una evaluación objetiva de las condiciones en esos países.
En su fallo, la jueza Thompson señaló que el Gobierno de Trump no logró demostrar que las condiciones en esos países habían mejorado lo suficiente como para justificar la cancelación del TPS. Por el contrario, la magistrada consideró que existen evidencias de que las condiciones en Honduras, Nicaragua y Nepal siguen siendo precarias.
"La secretaria Nielsen no proporcionó una justificación razonable y adecuada para su decisión de terminar con el TPS para estos países", escribió Thompson en su sentencia de 85 páginas. "En su lugar, la evidencia muestra que la decisión estuvo influenciada por la política migratoria restrictiva del Gobierno de Trump".
La decisión judicial representa un importante revés para la administración Trump, que había buscado poner fin al TPS para varios países con el objetivo de reducir la población de inmigrantes indocumentados en Estados Unidos.
Ahora, el Gobierno tendrá que volver a evaluar la situación en Honduras, Nicaragua y Nepal, y justificar adecuadamente cualquier decisión futura sobre la continuidad o terminación del TPS para estos países.
Los abogados de las organizaciones demandantes celebraron la sentencia, calificándola como una victoria importante para los derechos de los inmigrantes. "Esta decisión envía un mensaje claro de que el Gobierno no puede tomar decisiones arbitrarias y caprichosas que afectan a miles de familias", afirmó Ahilan Arulanantham, del Centro para los Derechos Constitucionales.
Por su parte, el Gobierno de Estados Unidos aún no ha anunciado si apelará la decisión de la jueza Thompson.
