El sistema de transporte público en el país atraviesa una profunda crisis que ha vuelto a poner en evidencia fallas estructurales de larga data. Luego de recientes incidentes que pusieron en jaque la seguridad y eficiencia del servicio, se hace cada vez más urgente una reforma integral que aborde los múltiples desafíos que enfrenta este sector clave para la movilidad de millones de ciudadanos.
Las cuentas pendientes del transporte público son numerosas y complejas. Por un lado, persisten importantes rezagos normativos y administrativos que impiden una adecuada regulación y supervisión del sistema. La falta de una política de transporte unificada y de largo plazo ha derivado en un esquema fragmentado, con superposición de jurisdicciones y escasa coordinación entre los diferentes niveles de gobierno.
Asimismo, el modelo de financiamiento actual es insostenible. La histórica subejecución de partidas presupuestarias destinadas a infraestructura y renovación de la flota, sumada a tarifas congeladas que no reflejan los crecientes costos operativos, han llevado a un deterioro progresivo de la calidad del servicio. Esto se traduce en unidades en mal estado, frecuencias irregulares y problemas de seguridad que ponen en riesgo la vida de pasajeros.
Pero el desafío va más allá de lo meramente operativo. Expertos coinciden en que es necesario repensar integralmente el modelo de movilidad urbana, priorizando soluciones sustentables, eficientes y accesibles para toda la población. Esto implica, entre otras cosas, una mayor inversión en infraestructura para transporte público, fomento del uso de medios no motorizados y una mejor integración modal que permita viajes más fluidos.
Si bien algunas jurisdicciones han avanzado tímidamente en esta dirección, los avances han sido insuficientes frente a la magnitud del desafío. La pandemia, lejos de ser una oportunidad de transformación, agravó aún más las falencias estructurales, con caída de la demanda y mayores presiones financieras sobre un sistema ya de por sí quebrado.
En este contexto, la necesidad de una reforma integral del transporte público se vuelve cada vez más apremiante. Autoridades, empresas y sociedad civil deberán trabajar de manera coordinada para diseñar e implementar soluciones que permitan revertir décadas de abandono y negligencia. De lo contrario, el deterioro del sistema seguirá profundizándose, con graves consecuencias para la movilidad y la calidad de vida de millones de ciudadanos.
