Desde hace cuatro días, miles de manifestantes han salido a las calles en Teherán y diversas ciudades de Irán para expresar su descontento por la grave crisis económica que atraviesa el país, marcada por la caída histórica del valor del rial, la moneda oficial iraní, y el creciente costo de vida.
Las protestas, que han sido descritas como las más importantes desde las manifestaciones de 2019 contra el aumento del precio de la gasolina, reflejan el profundo malestar de la población por la difícil situación económica. El rial ha perdido más del 50% de su valor frente al dólar en lo que va de 2022, lo que ha disparado la inflación y erosionado el poder adquisitivo de los ciudadanos.
Ante la escalada de las protestas, el gobierno iraní ha adoptado una postura ambigua. Por un lado, ha tratado de minimizar la magnitud de las movilizaciones, afirmando que se trata de "disturbios menores" orquestados por "enemigos del país". Sin embargo, en paralelo, las autoridades han buscado abrir canales de diálogo con los manifestantes, llamando a "escuchar sus demandas" y prometiendo medidas para aliviar la crisis económica.
"El gobierno está en una encrucijada. Sabe que no puede ignorar por completo las protestas, pero tampoco quiere darles demasiada visibilidad y legitimidad", explica Alonso Rosales, analista internacional. "Su estrategia parece ser intentar contener la situación a través de concesiones limitadas, sin ceder en aspectos fundamentales de su política económica y social".
Las protestas en Irán se producen en un momento particularmente delicado para el país, que aún se recupera del impacto de la pandemia de COVID-19 y enfrenta sanciones internacionales que han agravado sus problemas económicos. Además, las negociaciones para revivir el acuerdo nuclear de 2015 se encuentran en un punto muerto, lo que ha limitado las posibilidades de alivio económico a través del levantamiento de las restricciones.
En este contexto, el gobierno de Ebrahim Raisi enfrenta el desafío de encontrar un equilibrio entre contener las protestas y atender las demandas de la población, sin poner en riesgo su propio control político. La capacidad de las autoridades para responder de manera efectiva a la crisis económica y social será clave para determinar la evolución de la situación en los próximos meses.
