Violentas protestas en La Paz por eliminación de subsidios a combustibles

La capital boliviana, La Paz, fue escenario el pasado 30 de diciembre de intensas protestas encabezadas por la Central Obrera Boliviana (COB) en rechazo al decreto del gobierno que elimina el subsidio al diésel y la gasolina, una medida que estuvo vigente en el país por casi dos décadas.

Las movilizaciones, que reunieron a miles de manifestantes, se desarrollaron de manera violenta con enfrentamientos entre los manifestantes y las fuerzas de seguridad. Los manifestantes bloquearon calles y avenidas céntricas de la ciudad, paralizando gran parte de la actividad en La Paz.

Según los organizadores, la eliminación del subsidio a los combustibles tendrá un impacto directo en el bolsillo de los bolivianos, ya que se prevé un aumento significativo en los precios de la gasolina y el diésel. Esto, a su vez, repercutirá en el costo de los productos de la canasta básica y el transporte público.

"Esta medida afecta directamente a los trabajadores y a las clases más vulnerables de nuestra sociedad. No podemos aceptar que se elimine un subsidio que ha sido fundamental para mantener los precios accesibles", declaró el líder de la COB, Juan Carlos Huarachi.

Por su parte, el gobierno del presidente Luis Arce justificó la eliminación del subsidio argumentando que era una medida necesaria para sanear las finanzas públicas y reducir el déficit fiscal, que se ha visto agravado por la crisis económica derivada de la pandemia de COVID-19.

Sin embargo, los manifestantes aseguran que el gobierno no ha implementado suficientes medidas de compensación para mitigar el impacto de esta decisión en los sectores más desfavorecidos de la población.

Las protestas se mantuvieron durante todo el día, con bloqueos de calles, enfrentamientos con la policía y el lanzamiento de gases lacrimógenos por parte de las fuerzas de seguridad. Hasta el momento, se reportan varios heridos y detenidos, aunque no se han dado cifras oficiales.

Analistas internacionales señalan que esta crisis podría representar un desafío importante para el gobierno de Arce, que enfrenta crecientes presiones sociales y económicas en medio de una compleja coyuntura política y económica en Bolivia.