El candidato presidencial Mario Vizcarra, del partido político Perú Primero, enfrenta una situación complicada en su aspiración a la presidencia. Hasta ayer, se habían presentado tres tachas para pedir su exclusión de la carrera electoral, luego de que Vizcarra consignara en su declaración jurada que fue sentenciado a prisión suspendida por peculado, al cobrar doble remuneración cuando laboraba en el extinto Consejo Transitorio de Administración Regional de Moquegua.
La Ley 30717 establece que no pueden postular a la presidencia ni vicepresidencia aquellas personas que, por su condición de funcionarios y servidores públicos, son condenadas a pena privativa de la libertad, efectiva o suspendida. Además, tampoco podrán hacerlo aquellos "con sentencia consentida o ejecutoriada", en calidad de autores, por colusión, peculado o corrupción de funcionarios, incluso estando "rehabilitados".
Si bien el Tribunal Constitucional (TC) ha resuelto en más de una ocasión que la norma no impide la postulación a un cargo público de un sentenciado que ha cumplido la pena, estas sentencias no han establecido un "precedente vinculante", es decir, son solo referenciales.
Consultados sobre el caso, los especialistas en materia electoral José Naupari y José Villalobos ofrecieron perspectivas diferentes. Naupari consideró que la candidatura de Vizcarra probablemente continuará su curso y que las tachas serán desestimadas, mientras que Villalobos calificó la situación como "complicada", ya que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) podría aplicar la ley vigente o hacer uso del control difuso y alinearse con los fallos del TC.
En cualquier caso, la postulación de Mario Vizcarra enfrenta un obstáculo legal que deberá ser resuelto por las autoridades electorales en los próximos días, en un escenario que se perfila como complejo y con implicaciones importantes para el proceso electoral peruano.
