El año 2025 marcó un punto de inflexión en la crisis democrática de El Salvador, con el gobierno consolidando su poder a través de una serie de reformas constitucionales exprés que legalizaron la dictadura.
La reforma más polémica fue la del artículo 248, que permitió modificar la Constitución de forma acelerada, perdiendo ésta su carácter de "pacto social firme" que brindaba certeza y seguridad jurídica a la ciudadanía. Esto abrió la puerta para reformar otros artículos clave, como los que prohibían la reelección presidencial.
Así, una "resolución" de la Sala de lo Constitucional legalizó primero la reelección por una sola vez, y luego la reforma constitucional eliminó por completo ese límite, permitiendo al presidente mantenerse en el cargo el tiempo que desee. Además, se extendió el período presidencial a 6 años y se eliminó la segunda vuelta electoral, de modo que la presidencia se puede ganar por un solo voto.
Estas medidas, sumadas al recorte de financiamiento a los partidos políticos y el ajuste de los períodos electorales, han consolidado un sistema político cerrado y controlado por el oficialismo, que ha arrasado con la institucionalidad democrática del país.
Pero las reformas no se detuvieron allí. También se eliminó la independencia financiera del Órgano Judicial, sometiéndolo a la arbitrariedad del Ejecutivo en la asignación presupuestaria. Esto, sumado a la persecución de defensores de derechos humanos -algunos de ellos encarcelados-, el cierre de espacios de opinión pública y el despido masivo de empleados públicos, configuran un panorama desolador para el futuro de El Salvador.
Lamentablemente, como señala el texto, hace 10 años nadie se hubiera imaginado que el país llegaría a este punto. La ciudadanía parece indiferente ante estos hechos, sin dimensionar que la pérdida de derechos y garantías constitucionales los afecta a todos por igual. El 2025 marcó el triunfo de la dictadura en El Salvador.


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