La reciente controversia generada por un comentario de la embajadora de Chile en Nueva Zelanda, Manahi Pakarati, sobre el principio de libre determinación del pueblo Rapa Nui, ha puesto de manifiesto la compleja relación entre el Estado chileno y sus pueblos originarios.
Pakarati, quien es la primera mujer indígena en ocupar un cargo de embajadora en la historia diplomática chilena, publicó una foto en Instagram de un cartel en Rapa Nui que hacía alusión a la libre determinación. Esto desató una reacción de los medios conservadores, quienes calificaron el gesto como una amenaza a la seguridad nacional y exigieron sanciones severas contra la embajadora, incluyendo su destitución.
Sin embargo, el principio de libre determinación está consagrado en la Declaración Universal de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, firmada oficialmente por el Estado de Chile. Este derecho se entiende como una realización interna que no afecta la unidad del Estado chileno, permitiendo a los pueblos originarios gobernar sus asuntos internos, desarrollar y mantener sus estructuras sociales, administrar y usar sosteniblemente sus tierras, y recibir el reconocimiento legal de sus identidades y derechos colectivos.
A pesar de este reconocimiento legal, la relación entre el Estado chileno y los pueblos indígenas aún enfrenta numerosos desafíos, especialmente en el contexto de gobiernos conservadores. Resulta contradictorio que, bajo una administración de izquierda, se sancione a una embajadora indígena por referirse a un principio oficialmente respaldado por el Estado.
Desde la experiencia del primer embajador mapuche-chileno en ejercer en Guatemala, se desarrolló la idea de una "Diplomacia intercultural", que propició el encuentro entre la cultura chilena y la indígena, permitiendo el desarrollo de proyectos conjuntos y sirviendo de ejemplo para otras embajadas y en la Escuela Diplomática Andrés Bello.
La difusión de la imagen por parte de la embajadora Pakarati en el contexto de las redes sociales resultó problemática, debido a la limitada capacidad de explicar el legítimo trasfondo jurídico del mensaje. La falta de información y el desconocimiento han llevado a interpretaciones erróneas, presentando la publicación como un desacierto diplomático y, para algunos, como una amenaza a la integridad nacional.
Chile, con apenas 214 años de existencia como nación, no puede compararse con la larga historia de sus pueblos originarios, como el pueblo mapuche, cuya presencia en el territorio supera los 6.000 años y cuya permanencia nunca podrá ser extinguida. Son siglos de historia que confieren derechos, los mismos que en parte importante han sido despojados por el mismo Estado que hoy resiente que se reclame su debida restitución.
