La Comisión de Probidad y Transparencia del Congreso de la República cerró el año con varias fiscalizaciones enfocadas en el uso de recursos públicos y en la forma en que se ejecutan convenios suscritos con entidades nacionales e internacionales. Estas investigaciones han sacado a la luz preocupantes casos de irregularidades y desvíos de fondos que impiden que los recursos lleguen a donde más se necesitan: los hospitales públicos.
Uno de los casos más emblemáticos es el del Hospital Regional de Ica, donde se descubrió que una red de funcionarios y proveedores se habían confabulado para desviar millones de soles destinados a la compra de insumos médicos. En lugar de llegar a los pacientes, el dinero terminaba en cuentas bancarias privadas. Esto ha generado un desabastecimiento crítico en el hospital, poniendo en riesgo la atención de miles de personas de escasos recursos.
Pero el problema no se limita a Ica. En todo el país se han reportado casos similares, desde Tumbes hasta Tacna, donde los recursos destinados a la salud pública simplemente "desaparecen" antes de llegar a su destino. Esto ha generado un grave déficit de medicamentos, equipos e infraestructura en los hospitales, obligando a los pacientes a buscar atención en clínicas privadas o a simplemente renunciar a recibir tratamiento.
La Comisión de Probidad y Transparencia ha señalado que estas irregularidades se deben a la falta de controles efectivos y a la excesiva burocracia que rodea la ejecución de los presupuestos públicos. Además, denuncian que muchos de estos casos son tapados por las propias autoridades, que prefieren mantener el secretismo antes que enfrentar la corrupción.
"Hay una cultura del secretismo que impide que la ciudadanía conozca realmente cómo se están gastando los recursos destinados a la salud", afirma la presidenta de la comisión, Lucía Álvarez. "Necesitamos más transparencia y rendición de cuentas para que estos fondos lleguen efectivamente a donde más se necesitan".
Ante esta situación, diversos sectores de la sociedad civil han exigido una mayor fiscalización y sanciones ejemplares para los funcionarios y empresas involucrados en estos actos de corrupción. Sin embargo, las autoridades parecen más interesadas en mantener el hermetismo que en solucionar un problema que afecta directamente a millones de peruanos.
