En una alarmante revelación, se ha informado que durante los 1.373 días que lleva el Régimen de Excepción impuesto por el gobierno de Nayib Bukele en El Salvador, han muerto 473 personas bajo custodia del Estado. Esto significa que, en promedio, una persona ha fallecido en las cárceles cada tres días desde que se instauró esta medida excepcional.
Estos datos fueron recabados por el Socorro Jurídico Humanitario, una organización que ha documentado sistemáticamente las violaciones a los derechos humanos en las prisiones salvadoreñas. Según sus registros, las muertes no se deben a hechos aislados, sino a un patrón sostenido de negligencia y abuso por parte de las autoridades.
Las causas de estos decesos incluyen hambre, sed, falta de atención médica, enfermedades no tratadas y, en algunos casos, incluso torturas. La criminalización indiscriminada de la pobreza ha llevado a que los sectores más vulnerables de la población sean los más afectados por estas trágicas muertes en custodia.
Aún más preocupante es el hecho de que no existe información pública ni transparente sobre posibles entierros en fosas comunes, lo cual agrava aún más la gravedad de la situación. El silencio oficial en torno a estas muertes ha sido interpretado como un intento por normalizar y ocultar las violaciones a los derechos humanos que se están produciendo.
La narrativa oficial de seguridad promovida por el gobierno de Bukele busca justificar estas muertes como "daños inevitables" en el marco de la lucha contra la delincuencia. Sin embargo, esta postura deshumaniza a las víctimas y deja en evidencia la pregunta fundamental: ¿qué tipo de sociedad se está construyendo cuando el precio es la vida de personas que no fueron juzgadas y que, en muchos casos, contaban con expedientes limpios y cartas de libertad?
Estas cifras revelan una grave crisis humanitaria en las cárceles salvadoreñas, que pone de manifiesto la urgente necesidad de una investigación independiente y transparente sobre las condiciones de reclusión y el respeto a los derechos humanos de los internos. La comunidad internacional debe exigir rendición de cuentas y el fin de estas prácticas que atentan contra la dignidad y la vida de los ciudadanos.
