El Gobierno nacional ratificó que, a partir del 16 de enero de 2026, entrará en vigor un nuevo ajuste en las tarifas de los peajes en todo el país. Este incremento, que aplicará para todas las concesiones viales, responderá a la actualización anual establecida por la normativa vigente y estará atado a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC).
Según los datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), el IPC anual a noviembre de 2025 se ubicó en 5,30%, porcentaje que servirá como base para el reajuste de las tarifas de peaje. Este aumento busca garantizar la sostenibilidad financiera del sistema vial, incluyendo el mantenimiento, la operación y la ampliación de la infraestructura de transporte.
La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, explicó que el incremento corresponde a una actualización por costo de vida y se aplicará de manera general en la red vial concesionada. Sin embargo, el Gobierno reconoce la sensibilidad del tema, especialmente por su impacto directo en los costos del transporte de carga, el precio de los pasajes y el bolsillo de los ciudadanos.
Por ende, el Ejecutivo ha venido aplicando estrategias orientadas a mitigar los efectos del alza en determinados corredores y para usuarios específicos. Entre estas medidas se encuentran las tarifas diferenciales para comunidades cercanas a los peajes o para quienes utilizan las vías de manera frecuente, el aplazamiento de algunos incrementos previamente programados, y esquemas de ajuste gradual en ciertas concesiones, dependiendo de las condiciones contractuales.
Estas acciones se dan en un contexto de creciente inconformidad ciudadana, acentuada tras incrementos recientes como el autorizado por el Instituto Nacional de Vías (Invías) en enero, que permitió un aumento de 30% en ocho estaciones de peaje.
Actualmente, los peajes con las tarifas más altas para vehículos de categoría I (livianos) incluyen estaciones clave en Antioquia, Meta y el corredor hacia la Orinoquía, con valores que pueden superar los $12.000. En el caso de los vehículos de carga y transporte de pasajeros, los costos se incrementan de forma significativa, llegando a más de $45.000 en algunas estaciones.
La necesidad de recurrir a mecanismos paliativos ha reavivado el debate sobre la estructura del modelo de concesiones viales y la posibilidad de revisiones más profundas desde el ámbito legislativo. El Gobierno ha reiterado que la aplicación de los ajustes y de las medidas de alivio no es uniforme, ya que depende del tipo de concesión y de la antig edad de los contratos.
Este nuevo ajuste tarifario se suma a los incrementos que ya se han venido normalizando en la red vial nacional, tras el congelamiento decretado en 2023 como medida antiinflacionaria. Así, el Gobierno busca mantener la sostenibilidad del sistema vial, mientras enfrenta los retos de mitigar el impacto en los usuarios y atender las crecientes demandas ciudadanas.
