Alma Ivette "N" enfrenta prisión preventiva luego de que un juez de control decretara su vinculación a proceso por el delito de robo agravado en agravio de dos empresas dedicadas a la venta de ganado.
De acuerdo con la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE), la imputada habría participado, junto a otra persona, en la sustracción de 1 millón de pesos en efectivo y 600 mil pesos adicionales mediante transferencias bancarias, esto al utilizar dos token de una institución bancaria en las oficinas donde ambas trabajaban como empleadas de confianza.
Los hechos ocurrieron el 23 de enero de 2025 en el Corredor Comercial Desarrollo Atlixcáyotl, en la ciudad de Puebla, donde las empresas afectadas se dedican a la venta de ganado. La utilización de los token bancarios, que se encontraban bajo resguardo de las trabajadoras, posibilitó las transferencias electrónicas que, sumadas a la sustracción en efectivo, generaron un detrimento patrimonial para la empresa, según los registros de investigación.
La orden de aprehensión contra Alma Ivette "N" fue cumplimentada, permitiendo que el agente del Ministerio Público presentara la imputación en la audiencia inicial. Durante la apertura de la audiencia, el representante ministerial formuló la acusación y expuso los elementos de prueba con los que solicitó la vinculación a proceso.
Además, el juez de control estableció la medida cautelar de prisión preventiva justificada, al considerar acreditados los elementos presentados por la fiscalía, así como un plazo de dos meses para la investigación complementaria, periodo durante el cual se profundizará en los hechos para esclarecer la posible responsabilidad penal de la acusada.
Este caso se suma a otra sentencia confirmada esta misma semana por un Tribunal Colegiado, en la que se condenó a 15 años y 10 meses de prisión a un expolicía municipal de Puebla por tentativa de homicidio. Jonathan Michel N., quien se desempeñaba como agente en San Martín Texmelucan, deberá cumplir la pena por haber disparado su arma de cargo contra un adolescente, provocándole lesiones graves que lo dejaron parapléjico.
Las investigaciones de la fiscalía lograron acreditar la responsabilidad penal del expolicía, quien en un hecho ocurrido en noviembre de 2020 abrió fuego contra un joven que viajaba en motocicleta, poniendo en peligro su vida. Tras la apelación de la defensa, el Tribunal Colegiado confirmó tanto la condena de prisión como la obligación de indemnizar a la víctima.
Estos casos reflejan la determinación de las autoridades judiciales y de procuración de justicia en Puebla para sancionar delitos graves cometidos tanto por particulares como por servidores públicos, en aras de garantizar la seguridad y el Estado de Derecho en la entidad.
