El Gobierno de Antioquia se ha visto envuelto en una polémica por el desalojo de los Hogares Claret, una institución que brindaba albergue a personas en situación de calle. Según el padre Gabriel Mejía, fundador de la organización, el operativo del 4 de diciembre, que incluyó el uso de antimotines, fue "excesivo e ilegal".
La Gobernación de Antioquia ha salido al paso de estas críticas y ha explicado su postura. Según las autoridades, el desalojo se realizó de manera legal y con el objetivo de garantizar la seguridad y el bienestar de los residentes. Aseguran que se ofreció acompañamiento y alternativas de alojamiento a quienes se encontraban en los Hogares Claret.
Sin embargo, el padre Mejía afirma que en cualquier momento podrían sacar a los sacerdotes de la casa que ellos mismos construyeron. Esto ha generado preocupación en la comunidad y ha puesto en el centro del debate el tema de los derechos de las personas en situación de calle.
Por otro lado, la Cámara Colombiana de la Infraestructura, a través de su seccional en Antioquia, ha planteado alertas sobre la situación de la ciudad. Según los datos presentados, la tasa de aprovechamiento diaria en la capital antioqueña es del 13,69%, mientras que en Bogotá llega a 42,5%, lo que evidencia un reto importante en materia de movilidad y gestión del espacio público.
En medio de este contexto, el Papa Francisco hizo un llamado a América Latina para que haya "espacio al diálogo por el bien común y no a las exclusiones ideológicas y partidistas". Un mensaje que parece resonar en la coyuntura que vive Antioquia.
Es importante destacar que Antioquia se ha destacado por su inversión en formación pública, semilleros de investigación y una apuesta sostenida por el rigor académico. Esto ha permitido que un grupo robusto de investigadores formados en el departamento desarrollen su trabajo en universidades, centros científicos y organismos internacionales de primer nivel.
La situación de los Hogares Claret y las críticas al Gobierno de Antioquia ponen en evidencia la necesidad de encontrar soluciones integrales que garanticen los derechos de las personas en situación de calle, mientras se atienden otros retos importantes como la movilidad y la gestión del espacio público. Un desafío que requerirá del diálogo y la colaboración entre las diferentes partes involucradas.
