El Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Panamá 2025, presentado recientemente por la Defensoría del Pueblo, revela que el acceso a derechos fundamentales como la salud, el agua potable y la educación continúa marcado por profundas desigualdades territoriales y sociales en el país.
El documento, elaborado a partir de quejas ciudadanas, visitas defensoriales, inspecciones de campo y monitoreos institucionales, señala que, pese a avances normativos y esfuerzos puntuales, persisten fallas estructurales que afectan con mayor fuerza a comunidades rurales, comarcales e indígenas, así como a otros grupos históricamente excluidos.
Uno de los ejes centrales del informe es el derecho a la salud. La Defensoría del Pueblo documenta que las quejas por demoras en la asignación de citas, cirugías postergadas, escasez de medicamentos y deficiencias en la atención de urgencias continúan siendo recurrentes en el sistema público, agravándose fuera del eje urbano debido a la distancia geográfica, la infraestructura deteriorada y la limitada capacidad instalada.
Sobre el tema, el defensor del Pueblo, Eduardo Leblanc, indicó que la fragmentación institucional continúa afectando a la población, a pesar de los esfuerzos recientes para mejorar el abastecimiento de medicamentos y fortalecer la atención primaria. "Panamá necesita un sistema de salud articulado, con una ruta unificada de atención y abastecimiento. La población sigue sintiendo las demoras, pero ya se están dando pasos importantes", expresó.
El acceso al agua potable aparece como otra de las principales preocupaciones recogidas en el informe. La Defensoría del Pueblo registra interrupciones prolongadas del suministro, escasez y deficiencias en los sistemas de potabilización en distintas regiones del país, situaciones que comprometen derechos básicos como la salud, la alimentación y la higiene.
Leblanc resaltó la persistencia de brechas en el acceso al agua potable, especialmente en comunidades rurales, urbanas y comarcales. Las interrupciones prolongadas, la falta de monitoreo de las fuentes y la infraestructura obsoleta continúan afectando este derecho. La Defensoría del Pueblo reconoce acciones recientes orientadas a modernizar sistemas y ampliar la capacidad instalada, pero advierte que se requiere una planificación más sólida y sostenida para garantizar un acceso equitativo y seguro.
En el ámbito educativo, las inspecciones defensoriales revelaron centros escolares con infraestructura deteriorada, carencia de servicios básicos como agua y electricidad, mobiliario en mal estado y déficit de personal. Estas condiciones, advierte la Defensoría, no solo afectan el proceso de aprendizaje, sino que amplían las brechas entre regiones y vulneran el derecho de niñas, niños y adolescentes a educarse en entornos seguros y dignos.
El informe también aborda la situación de mujeres, niñas, niños y adolescentes, identificando barreras persistentes en el acceso a mecanismos de protección frente a la violencia de género, con respuestas institucionales fragmentadas, demoras en la atención y una débil articulación entre las entidades responsables.
Asimismo, la Defensoría del Pueblo documenta las barreras que continúan enfrentando las personas con discapacidad y las personas mayores para acceder a servicios, empleo, espacios públicos y mecanismos de participación, reflejando una exclusión persistente que limita su autonomía y el ejercicio pleno de una vida digna.
En sus conclusiones, el informe advierte que el panorama descrito confirma la persistencia de brechas profundas en el acceso a derechos básicos, que afectan de manera desproporcionada a personas en situación de pobreza y a comunidades rurales, comarcales e indígenas. Cerrar estas brechas, señala el documento, requiere fortalecer la presencia del Estado en el territorio, mejorar la coordinación interinstitucional, garantizar presupuestos adecuados y colocar el enfoque de derechos humanos como eje transversal de las políticas públicas.
