La frontera entre Panamá y Colombia en la región del Darién no es una mera abstracción geográfica, sino un asunto de soberanía, seguridad y Estado de derecho. Los recientes indicios del avance del poderoso Clan del Golfo en esta zona selvática, con presencia de minas antipersonales, material de adoctrinamiento y movimientos irregulares cerca de puestos binacionales, representan una amenaza directa que no admite ambig edades.
Panamá no puede permitir que organizaciones criminales transnacionales como el Clan del Golfo disputen el control territorial ni pongan en riesgo a las comunidades locales, las fuerzas de seguridad y los países vecinos. El papel de las autoridades panameñas en esta materia es indelegable.
La Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) de Panamá ha actuado con diligencia al detectar, neutralizar y comunicar estos riesgos en la frontera. Sin embargo, el desafío exige una respuesta integral y sostenida que incluya inteligencia robusta, presencia permanente de las fuerzas de seguridad, cooperación binacional efectiva con Colombia y un respaldo político claro por parte del Gobierno.
Cuidar la frontera es también proteger la soberanía y la credibilidad de Panamá ante la comunidad internacional. La reciente designación del Clan del Golfo como organización terrorista por parte de Estados Unidos refuerza aún más la urgencia de esta situación. Ya no basta con reaccionar, sino que es necesario anticiparse a los movimientos de este poderoso grupo criminal.
La frontera del Darién se debe defender todos los días, con el respaldo del Estado, los recursos necesarios y la firme decisión política de salvaguardar la integridad territorial de Panamá. No permitir que el Clan del Golfo expanda su influencia en esta región estratégica es una prioridad de seguridad nacional.
