El Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS) ha construido en los últimos años una de las flotas de drones más grandes del país, como parte de la controvertida Operación Lone Star del gobernador Greg Abbott. Desde 2021, la agencia ha más que duplicado su número de vehículos aéreos no tripulados, llegando a más de 450 drones, superando incluso a la Patrulla Fronteriza federal.
Bajo el pretexto de la seguridad fronteriza, DPS ha desplegado intensivamente estos drones a lo largo de la frontera con México, llegando a dedicar hasta el 70% de sus horas de vuelo a misiones de Operación Lone Star en 2023. Los drones, equipados con cámaras térmicas, han asistido a la Patrulla Fronteriza en más de 3,000 ocasiones en los últimos años.
Sin embargo, los expertos advierten que estas tecnologías de vigilancia rara vez se limitan a su propósito original, y temen que puedan expandirse al interior del estado para monitorear actividades protegidas constitucionalmente, como manifestaciones políticas. De hecho, registros obtenidos muestran que DPS ha utilizado drones para vigilar protestas en Austin y en la Universidad de Texas.
Aunque la agencia afirma tener restricciones sobre el uso de drones, la ley estatal les permite operar sin algunas de esas protecciones dentro de 40 kilómetros de la frontera, lo que ha generado preocupaciones sobre posibles abusos.
Mientras tanto, el programa de drones de DPS podría enfrentar desafíos en el futuro, ya que los republicanos en el Congreso presionan por prohibir el uso de drones fabricados por empresas chinas, que actualmente constituyen el 97% de la flota de la agencia.
