La Policía Nacional de Panamá se vio envuelta en un incidente de alta tensión al perseguir y detener un vehículo vinculado al diputado Isaac Mosquera, de la provincia de Darién. El operativo, que incluyó un disparo de advertencia, generó fuertes cuestionamientos y acusaciones de uso excesivo de la fuerza.
Según los reportes, el vehículo, un pickup negro, evadió un punto de control policial en la entrada del corregimiento de Las Garzas, lo que desencadenó una persecución. Durante el operativo, los agentes realizaron un disparo al aire como advertencia, logrando que el automóvil se detuviera.
Al abordar el vehículo, los policías observaron varios bultos en la parte trasera. El conductor, que inicialmente no bajó los vidrios, explicó que conducía un vehículo propiedad del diputado Mosquera. Segundos después, el propio legislador se identificó ante las autoridades.
La Policía Nacional informó que, al consultar por la falta de placa, el conductor respondió que esta había sido hurtada. Tras realizar las coordinaciones correspondientes y no encontrarse nada ilegal dentro del vehículo, las autoridades permitieron que continuaran su camino.
Sin embargo, el diputado Mosquera relató una versión diferente de los hechos. Según su testimonio, fue rodeado por varios vehículos sin placa y patrullas policiales, en lo que calificó como una acción desproporcionada. Denunció, además, que intentaron bajar por la fuerza a uno de sus hijos, poniendo en riesgo la seguridad de su familia.
La bancada del Partido Realizando Metas, al que pertenece Mosquera, condenó los hechos y exigió una investigación inmediata, exhaustiva e imparcial, así como sanciones si se comprueba alguna irregularidad. El partido también señaló que, tras la revisión del vehículo, no se encontró nada ilícito, sino regalos destinados a madres del circuito, lo que, a su juicio, demuestra una actuación desmedida.
Este incidente ha generado un debate sobre el uso de la fuerza por parte de las autoridades y la necesidad de garantizar el respeto a los derechos de los ciudadanos, incluyendo a los funcionarios públicos. La investigación de los hechos y la transparencia en el proceso serán fundamentales para esclarecer lo sucedido y evitar situaciones similares en el futuro.
