El exministro de Hacienda de Colombia, Ricardo Bonilla, de 76 años, enfrenta serios problemas de salud mientras cumple una medida de aseguramiento intramural ordenada por la Justicia. Bonilla sufrió una descompensación por baja presión arterial y tuvo que ser atendido por personal médico en el Centro de Estudios Superiores de la Policía (CESPO) en Bogotá.
Bonilla enfrenta diversos problemas de salud, entre ellos un ataque isquémico cerebral que le dejó como secuela una afasia motora, así como enfermedades crónicas como enfermedad renal, dislipidemia, hiperplasia prostática y reflujo gastroesofágico. Estas condiciones han requerido atención médica permanente y seguimiento especializado, incluyendo recientes ingresos a la unidad de cuidados intensivos del Hospital Universitario de la Universidad Nacional de Colombia.
La defensa de Bonilla ha presentado una solicitud formal ante el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) y la Policía Nacional para que su reclusión se mantenga en un establecimiento especial, argumentando que su edad y condición médica no son compatibles con una prisión ordinaria. La petición se sustenta en la Ley 65 de 1993 y sus reformas, que permiten la reclusión en lugares diferenciados por razones de salud, edad o condición de exservidor público.
En el documento, la defensa resalta la necesidad de proteger de manera reforzada "los derechos fundamentales a la vida, la dignidad humana, la integridad personal y la salud" de Bonilla. Según la defensa, el artículo 29 de la Ley 65 de 1993 incluye expresamente a las personas adultas mayores entre los sujetos que deben cumplir detención preventiva en establecimientos especiales, debido a su situación de vulnerabilidad.
Tras la reciente descompensación, Bonilla fue valorado prioritariamente en el CESPO, donde recibió asistencia médica debido a la baja presión arterial. En el lugar continúa la privación de la libertad, mientras el INPEC analiza las solicitudes de la defensa para que el exministro permanezca bajo custodia en un centro con atención médica adecuada.
La defensa ha solicitado formalmente al INPEC que designe al CESPO como lugar de detención para Bonilla, en tanto se resuelven los trámites correspondientes y se garanticen las condiciones que requiere su situación de salud. En el expediente figuran documentos que acreditan su calidad de exservidor público, su edad y una historia clínica que da cuenta de la necesidad de controles, tratamientos farmacológicos y seguimiento clínico continuo.
La petición también recuerda que las normas vigentes permiten la reclusión diferenciada aun cuando la privación preventiva de la libertad se haya ordenado dentro de un proceso penal en curso, siempre que existan razones de salud o vulnerabilidad que lo justifiquen. Según la defensa, "la administración penitenciaria tiene la facultad de designar lugares de reclusión especiales cuando se trata de internos con enfermedades incompatibles con el régimen regular".
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