La Procuraduría y la Fiscalía tienen la lupa puesta sobre un multimillonario contrato de alumbrado público en Cali que ya está siendo investigado. Por esa razón, se pidió a la Fiscalía que se sume a las indagaciones que se están adelantando a la Junta Directiva de Emcali al considerar que existen supuestos indicios de direccionamiento contractual.
La petición la hizo la Veeduría Nacional de la Verdad y la Justicia a través de un oficio que se radicó en el ente acusador. El documento se radicó ante la Unidad Anticorrupción y la Unidad de Delitos contra la Administración Pública. Allí se argumenta que la Junta Directiva es el máximo órgano de Emcali y debe responder por lo que está pasando.
"La Junta Directiva tiene responsabilidad directa en la aprobación de decisiones estratégicas, la supervisión de los procesos contractuales y la garantía de que la gestión administrativa se ajuste a los principios de legalidad, transparencia, moralidad y defensa del patrimonio público", dice el documento.
Por ello, se pretende que la Fiscalía determine si la Junta Directiva conoció o no las acciones contractuales que se adelantaron en dicho contrato que ha generado polémica. Según la Veeduría Nacional de la Verdad y la Justicia, el contrato de alumbrado público, "por su cuantía, alcance y duración, exigía una planeación rigurosa, estudios previos completos y reglas claras que garantizaran la libre concurrencia y la selección objetiva".
La investigación se centra en determinar si hubo posibles irregularidades en la adjudicación y ejecución del multimillonario contrato de alumbrado público en la ciudad de Cali. Las autoridades buscan esclarecer si existió un presunto direccionamiento contractual por parte de la Junta Directiva de Emcali, la empresa de servicios públicos de la capital del Valle del Cauca.
La Procuraduría y la Fiscalía han puesto especial atención en este caso, dada la cuantía del contrato y las denuncias de posibles irregularidades. Ahora, con la solicitud de la Veeduría Nacional de la Verdad y la Justicia, se espera que la investigación se fortalezca y se puedan determinar responsabilidades en caso de encontrarse evidencias de corrupción o manejo inadecuado de los recursos públicos.
