Las mujeres del departamento del Cauca, en Colombia, se han organizado a través de la Guardia Intercultural Humanitaria para rescatar a menores reclutados por grupos armados, mientras el gobierno del presidente Gustavo Petro defiende los bombardeos que han dejado al menos 15 niños muertos en el último año y medio.
El reclutamiento forzado de menores se ha disparado un 300% entre 2019 y 2024, según datos de Unicef, y el Cauca es uno de los departamentos más afectados. Ante la inacción del Estado, las mujeres han emprendido una labor de búsqueda y rescate de los niños desaparecidos.
En contraste, el gobierno de Petro ha lanzado al menos 12 bombardeos contra grupos armados en el último año y medio, en cuatro de los cuales murieron al menos 15 menores, incluidos siete en un ataque en la selva del Guaviare. Petro ha defendido estas operaciones, afirmando que respetan el Derecho Internacional Humanitario, y se ha negado a suspender los bombardeos a pesar de los llamados de la Defensoría del Pueblo.
Las mujeres del Cauca, agrupadas en el Movimiento Nacional de Madres y Mujeres por la Paz, han presentado una tutela ante el Tribunal Superior de Bogotá para exigir la suspensión de los bombardeos y la implementación de una política efectiva contra el reclutamiento forzado. Aunque la tutela fue declarada improcedente, las mujeres afirman que han ganado terreno y argumentos que les servirán para continuar su lucha.
Mientras tanto, el gobierno de Petro se encuentra atrapado en un dilema difícil de conciliar: cómo frenar el creciente poder de las guerrillas sin poner en riesgo la vida de los menores. Las mujeres del Cauca, sin embargo, han demostrado que la acción comunitaria puede ser más efectiva que los bombardeos para proteger a los niños de la guerra.
