Una denuncia presentada ante las autoridades ha destapado un esquema de lavado de activos de proporciones gigantescas, que involucra a altos funcionarios y empresarios. Según la información recabada, el mecanismo habría permitido desviar más de 2.300 millones de pesos, a través de la emisión de facturas por servicios ficticios y la alteración de sistemas informáticos.
Entre los principales implicados se encuentran Jhonny Morales, quien habría recibido más de 95 millones de pesos mediante este esquema, y Edgar Batista, señalado como responsable de manipular los sistemas informáticos para facilitar la sustracción de fondos. Asimismo, Lowell Fernández, representante de la empresa Farmacard, fue identificado como parte clave del entramado criminal.
Las organizaciones denunciantes advierten que enfrentan fuertes presiones para excluir del proceso a empresarios y figuras políticas que habrían sido beneficiarios directos del fraude. Incluso, solicitaron a la Procuraduría investigar por lavado de activos al superintendente de Bancos, Rafael Fernández, al considerar "inexplicable" que se haya producido una operación de lavado de más de 43.000 millones de pesos a través del sistema financiero nacional sin que el órgano regulador actuara oportunamente.
"Resulta imposible que una operación de esta magnitud se realizara utilizando los canales bancarios sin que la Superintendencia de Bancos reaccionara, sospecha que se agrava cuando uno de los involucrados es hermano del superintendente", afirmó Surun Hernández, portavoz de las organizaciones denunciantes.
Este caso pone en evidencia la profundidad de la corrupción que permea las altas esferas del poder en el país, y la urgente necesidad de fortalecer los mecanismos de control y rendición de cuentas para evitar que estos esquemas delictivos sigan operando con impunidad. Las autoridades competentes deberán actuar con celeridad y determinación para investigar a fondo los hechos denunciados y sancionar a los responsables, sin importar su posición o influencia.
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