Tras la aprobación y ratificación de una reforma constitucional que elimina la asignación del 6% de los ingresos del Estado a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), el Ministerio de Hacienda presentó una propuesta para reducir $164 millones del presupuesto de dicho órgano judicial para el año 2026.
Esta iniciativa, presentada un día después de las reformas constitucionales, busca reasignar esos fondos a otras instituciones públicas como Educación, Salud, Agricultura y Ganadería, Obras Públicas y Transporte, y el propio Ministerio de Hacienda.
Sin embargo, la reforma constitucional aún no está vigente, ya que debe transcurrir un período de ocho días después de su publicación en el Diario Oficial. Además, la Asamblea Legislativa no puede realizar ajustes en el presupuesto del Órgano Judicial sin consultar previamente a la CSJ, tal como lo establece la Constitución.
Pese a esto, el jefe de fracción de Nuevas Ideas, Christian Guevara, descartó invitar a representantes de la Corte Suprema de Justicia para discutir el recorte presupuestario. Por su parte, el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, evadió responder por qué no se realizó dicha consulta.
La reducción de $164 millones afectaría áreas clave como la Dirección y Administración Institucional, Asuntos Jurídicos, Administración de Justicia, Infraestructura Física y el Instituto de Medicina Legal. Esto podría tener un impacto significativo en el funcionamiento del sistema judicial, especialmente en el régimen de excepción y los procesos de los detenidos.
Expertos en derecho y analistas políticos han expresado su preocupación por esta medida, argumentando que podría vulnerar la independencia y el adecuado funcionamiento del Poder Judicial. Algunos incluso han señalado que el recorte presupuestario podría ser inconstitucional, al no cumplir con el debido proceso de consulta a la Corte Suprema de Justicia.
