La frontera entre el comercio legítimo y el cibercrimen se volvió peligrosamente delgada en el mundo, y Misiones no es la excepción. Una investigación judicial logró desarticular una sofisticada red de fraude electrónico y detener a dos personas que guardarían relación con el hecho, un hombre y una mujer.
El esquema, que combinaba herramientas de inteligencia automatizada con la logística de aplicaciones de transporte urbano, permitía a los delincuentes convertir datos robados de tarjetas de crédito y débito en mercadería tangible, sin siquiera salir de sus domicilios.
La maniobra comenzaba en la penumbra digital de la plataforma Telegram. Allí, mediante el uso de "bots", los sospechosos obtenían información financiera de terceros, técnica conocida en el ambiente criminal como carding. Lejos de necesitar el plástico físico, estos datos eran vinculados a cuentas de la plataforma Mercado Pago, lo que les permitía realizar compras de alto valor en comercios locales de manera remota.
Lo que otorgaba a esta organización una ventaja competitiva frente a los métodos tradicionales era su aceitado sistema logístico. Para evitar quedar registrados por las cámaras de seguridad de los locales comerciales o ser identificados por los vendedores, los estafadores delegaban el retiro de los productos en trabajadores de mensajería contratados a través de la aplicación Uber Moto. Estos conductores, actuando de buena fe como simples intermediarios, trasladaban la mercadería hasta un domicilio estratégico ubicado en la localidad de Garupá.
El quiebre de esta estructura fue posible gracias a un trabajo de inteligencia criminal coordinado entre la Brigada de Investigaciones de la Unidad Regional X y la Secretaría de Apoyo para Investigaciones Complejas (SAIC). El análisis forense de las transacciones y el seguimiento de las rutas de entrega permitieron al Juzgado de Instrucción en turno ordenar una serie de allanamientos que resultaron en el secuestro de teléfonos celulares, documentación clave y una gran cantidad de productos nuevos, aún en sus cajas originales, listos para ser reinsertados en el mercado ilegal.
Desde el punto de vista legal, los implicados enfrentan cargos que encuadran en la figura de defraudación mediante el uso de datos de tarjetas de crédito o débito, tal como lo prevé el artículo 173, inciso 15, del Código Penal Argentino. Esta tipificación resalta que el delito se configura por el uso ilegítimo de la información, independientemente de la existencia de un objeto físico falso.
Mientras la evidencia recolectada es sometida a pericias técnicas, la causa avanza para determinar si se trata de una asociación ilícita con ramificaciones más allá de la provincia, marcando un precedente fundamental en la lucha contra los delitos informáticos en la región.
