Los principales indagados en la causa por la quiebra de República Ganadera, Nicolás Jasidakis y Mauro Mussio, enfrentaron un primer interrogatorio de la Fiscalía de Delitos Económicos, donde ensayaron una explicación sobre la caída de la empresa.
Según la reconstrucción de El Observador, ambos directivos atribuyeron la crisis a los efectos de la sequía y a la debacle del grupo Larrarte, que habría generado una pérdida de confianza en el sector de inversiones ganaderas. Sin embargo, la fiscalía centró parte de su interrogatorio en información entregada por la síndico del concurso, Zamira Ayul, quien calificó la etapa previa al concurso como un "período de sospecha".
Ayul afirmó en un informe que la empresa "realizó diversos actos, celebró contratos, contrajo deudas y obligaciones no dinerarias, concretó negocios y actos jurídicos (...) y dispuso de sus bienes, de su activo y pasivo". Entre esas obligaciones figura una deuda de US$ 1 millón contraída con la empresa Importotal, proveedora de insumos ganaderos, en la que figuraba como titular la cuñada de Jasidakis y la esposa, Elina Fynn, era la administradora.
Tanto Jasidakis como Mussio, defendidos por el penalista Eduardo Sasson, intentaron dar distintas explicaciones sobre estas "sospechas". Respecto a la desaparición del 60% del stock ganadero de la empresa en los últimos meses, afirmaron que unas 7.000 cabezas se las llevaron los escritorios rurales que trabajaban con República Ganadera, que otro tanto del ganado murió por las secuelas de la sequía y que otro porcentaje fue vendido porque pertenecía a inversores que se iban y era una manera de "obtener liquidez".
Asimismo, adjudicaron parte de la responsabilidad a uno de los contadores de la empresa, a quien acusaron de tener un manejo "desprolijo" de los números. También explicaron que los números que terminaron presentando quedaron desactualizados porque correspondían a junio de 2024 y ellos terminaron presentando la solicitud de concurso voluntario en marzo de 2025.
En otro momento, los indagados mencionaron que las cifras de ganado incluían no solo vacas sino también ovejas y caballos. Según su explicación, tras la situación de la sequía tuvieron que replantearse el modelo de negocio, pero creían que la situación se podía revertir porque las pasturas estaban mejorando y el precio del ganado subía.
El problema fue que con la caída de Larrarte se enfrentaron a retiros "en forma frenética" por parte de los inversores, quienes no solo no renovaban sino que pedían que se les devolviera el dinero. Los indagados aseguraron que las pérdidas mensuales llegaban a los US$ 700.000 y US$ 800.000.
Fuentes del caso afirmaron que este fue un primer interrogatorio, pero se seguirá indagando a los responsables mientras se esperan informes y pruebas que aporten tanto las defensas como los damnificados. En febrero habrá una nueva audiencia, donde podrían ser imputados si la fiscalía reúne las pruebas suficientes.
