El Gobierno de Guatemala decretó un estado de prevención de 15 días en los municipios de Nahualá y Santa Catarina Ixtahuacán, en el departamento de Sololá, tras los violentos enfrentamientos registrados el pasado 13 de diciembre entre grupos armados ilegales y las fuerzas de seguridad.
El presidente Bernardo Arévalo informó que la medida, establecida a través del Decreto Gubernativo 1-2025, tiene como objetivo prevenir que la situación de conflictividad escale y afecte a la población civil. Durante este periodo, se implementarán acciones extraordinarias de seguridad sin suspender las garantías constitucionales fundamentales.
Según el mandatario, grupos armados ilegales aprovecharon un conflicto territorial histórico entre las comunidades de ambos municipios para atacar a las fuerzas de seguridad y a la población civil. "El destacamento militar entre ambas comunidades fue atacado por grupos ilegales armados. Realizaron disparos directos desde las 8 de la mañana hasta las 7 de la noche del día de ayer. Atacaron helicópteros de evacuación y también dispararon contra buses y ciudadanos", detalló Arévalo.
La Embajada de Estados Unidos en Guatemala recomendó a sus ciudadanos evitar la zona de Sololá y utilizar rutas alternas al transitar por áreas cercanas, incluyendo viajes hacia o desde Quetzaltenango.
El estado de prevención permite al Gobierno implementar medidas extraordinarias de seguridad, como la restricción de circulación, la prohibición de reuniones públicas, el registro de personas y vehículos, y el despliegue de fuerzas de seguridad. Sin embargo, estas acciones no pueden ser incompatibles con los deberes del Estado ni con las obligaciones internacionales de Guatemala.
La decisión del Gobierno guatemalteco se produce en un contexto de tensión y violencia en la región de Sololá, donde históricamente han existido conflictos territoriales entre las comunidades indígenas. Estas disputas han sido aprovechadas por grupos armados ilegales para cometer actos de criminalidad y atentar contra la población civil y las fuerzas de seguridad.
Expertos en seguridad y analistas políticos han señalado que la implementación del estado de prevención es una medida necesaria para contener la escalada de violencia y proteger a la ciudadanía. No obstante, también han advertido sobre la importancia de abordar las raíces del conflicto territorial y de fortalecer las instituciones de seguridad y justicia para lograr una solución duradera.
