Investigación revela que 80 trabajadores de CCU fueron despedidos por supuestas "necesidades de la empresa" y cobraron fraudulentamente el seguro de cesantía, mientras mantenían contratos vigentes. La trama habría involucrado a un "contador" que ofrecía gestionar el cobro a cambio de comisiones.
La investigación periodística de Radio Bío Bío destapa un esquema de fraude millonario en el cobro de seguros de cesantía que involucra a 80 empleados de la empresa Compañía de Cervecerías Unidas (CCU).
Según los antecedentes recabados, entre 2023 y 2024 estos trabajadores habrían presentado cartas de despido falsas y declaraciones juradas ante la Administradora de Fondos de Cesantía (AFC), afirmando haber sido desvinculados de sus cargos por "necesidades de la empresa", a pesar de mantener contratos vigentes.
De esta forma, lograron acceder a los beneficios del seguro de cesantía, obteniendo montos que oscilaban entre $1 millón y $2 millones por persona. Sin embargo, la propia empresa CCU descubrió la irregularidad al cruzar información con la AFC.
Tras la detección del fraude, CCU procedió a despedir a los trabajadores involucrados, invocando la causal de "faltas a la probidad" contemplada en el Código del Trabajo. No obstante, los exempleados han presentado demandas laborales alegando que fueron engañados por un "contador" que les ofreció gestionar el cobro de manera ilegal a cambio de una comisión.
Según los relatos, este supuesto "contador" se habría hecho pasar por funcionario de la AFC y habría ofrecido a los trabajadores la posibilidad de acceder a los fondos de sus cuentas individuales, solicitándoles sus claves únicas y datos personales. Luego, habría realizado los trámites online para obtener el seguro de cesantía, quedándose con aproximadamente un 10% del monto cobrado.
La investigación judicial, liderada por la Fiscalía de Alta Complejidad y la Brigada de Delitos Económicos de la Policía de Investigaciones (PDI), apunta a determinar la existencia de una red de "corredores" que estarían replicando este modus operandi en otras empresas de gran tamaño.
Tanto CCU como la AFC han interpuesto querellas criminales, buscando que los responsables enfrenten penas que van desde los 541 días hasta los 5 años de presidio por delitos como falsificación de instrumento público, fraude al seguro y uso malicioso de instrumento público falso.
Desde la AFC han reiterado a los afiliados que el proceso de solicitud del seguro de cesantía debe ser realizado directamente, sin intermediarios ni corredores, y que cobrar el beneficio sin estar cesante constituye un delito.
