La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de México discutirá en enero de 2026 un proyecto de resolución que rechazará categóricamente la reducción de plazos para acceder a la interrupción legal del embarazo. El proyecto establece que el periodo de seis semanas es tan restrictivo que prácticamente anula el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo.
El proyecto de sentencia, basado en las acciones de inconstitucionalidad 172/2024 y 173/2024, determina que el derecho penal no es una vía constitucional válida para proteger la vida en gestación, y que reducir arbitrariamente los plazos para acceder al aborto voluntario viola los derechos fundamentales de las mujeres y personas con capacidad de gestar.
Esta resolución hace referencia al caso de Aguascalientes, donde el Congreso estatal redujo de doce a seis semanas el plazo para recurrir a la interrupción legal del embarazo. Ante esta situación, la SCJN intervendrá para mantener el plazo de 12 semanas establecido en la jurisprudencia vigente.
El ministro Irving Espinosa, encargado del proyecto, explicó que el problema radica en que se redujo el número de semanas por parte de la autoridad: "El aborto ya está despenalizado en México desde 2023 y el proyecto tiene por objetivo revisar que se disminuyó el número de semanas relacionadas para poder interrumpir legalmente el embarazo".
La ministra Loretta Ortiz fundamentó científicamente el plazo de 12 semanas, señalando que es el punto exacto cuando se empieza a formar la corteza cerebral, y que antes de eso se trata de un cigoto. Además, advirtió que varios estados incumplen la jurisprudencia de la Corte en la materia, lo que podría derivar en sanciones.
Con esta resolución, la SCJN reafirma su compromiso con los derechos reproductivos de las mujeres y personas con capacidad de gestar, al mantener un plazo razonable y acorde con los estándares internacionales de salud pública y derechos humanos.
