En un hecho que levanta sospechas, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) transfirió $300 mil al municipio de Chagres, en la provincia de Colón, a través de dos desembolsos realizados en noviembre de 2024. Lo llamativo del caso es que el alcalde de Chagres, Eugenio Geñito Delgado, se encuentra procesado por el escándalo de la "descentralización paralela" y enfrenta una investigación por presuntas irregularidades en el manejo de fondos públicos.
Durante el quinquenio 2019-2024, Delgado recibió más de $6 millones en fondos de la Autoridad Nacional de Descentralización, lo que derivó en su procesamiento por delitos de peculado. Aun así, su administración volvió a recibir dinero del Ejecutivo, pese a que el caso salió a la luz pública en enero de 2024.
Esto no es un hecho aislado. Otro municipio del mismo circuito electoral, Portobelo, también recibió $150 mil del MEF a finales de 2024. Su alcalde, Carlos Chavarría, del partido oficialista Realizando Metas, también ha sido señalado por presuntas irregularidades en el manejo de fondos públicos.
Según el exdiputado Juan Diego Vásquez, líder de la coalición Vamos, estas cuantiosas transferencias a distintos municipios del país no parecen responder a criterios técnicos, sino a vínculos políticos con diputados afines a la actual administración. Uno de los casos que ha citado es el del diputado Nelson Jackson, quien se define como "diputado del oficialismo 100%".
Jackson y Delgado fueron postulados por tres agrupaciones políticas para las elecciones de 2024: el Partido Revolucionario Democrático (PRD), Realizando Metas (RM) y el Movimiento Liberal Republicano Nacionalista (Molirena). Tras las elecciones, Jackson se incorporó a la bancada de RM en la Asamblea Nacional, el mismo partido que llevó a José Raúl Mulino a la Presidencia de la República.
Estos casos evidencian una preocupante relación entre el Gobierno central y las autoridades locales investigadas por corrupción, lo que pone en duda la transparencia y el buen uso de los fondos públicos. La falta de información detallada por parte del MEF sobre las transferencias a los municipios solo alimenta las sospechas de que estas responden a intereses políticos y no a criterios técnicos.
