La pyme "Naranja Mandarina", dedicada a la fabricación y venta de ropa infantil, atraviesa una grave crisis financiera a raíz de un fallo judicial que los obliga a pagar $190 millones a un revendedor que se consideró un empleado en relación de dependencia y los demandó. Además, tienen un embargo de $330 millones, lo que supera ampliamente su facturación anual.
Mariana Cademartori y Sebastián Martino, propietarios de la empresa, relataron a Infobae en Vivo cómo se originó esta situación. Según explicaron, el revendedor trabajaba comprando y revendiendo la mercadería de "Naranja Mandarina" durante varios años, hasta que surgió un conflicto comercial que derivó en que este se considerara un empleado despedido y los demandara.
El tribunal laboral terminó considerando al revendedor como un "viajante de Comercio" y condenando a la pyme a pagar una abultada suma que, con la aplicación del "fallo Barrios" y la actualización por el Índice de Precios al Consumidor (IPC), llegó a $190 millones. Además, les impusieron un embargo de $330 millones, lo que ha paralizado por completo la operatoria de la empresa.
Cademartori y Martino se encuentran al borde de la quiebra y temen tener que cerrar las puertas y dejar sin trabajo a los tres empleados que los acompañan desde los inicios de la firma. Aseguran que esta situación no solo los afecta a ellos, sino a todo el entramado de proveedores, talleres y colaboradores que dependen de la actividad de "Naranja Mandarina".
Los empresarios han presentado un recurso extraordinario ante la Suprema Corte de Justicia bonaerense, solicitando litigar sin costas, pero el tribunal les exigió realizar una pericia contable para demostrarlo. Mientras tanto, las cuentas bancarias de la empresa permanecen embargadas, lo que les impide operar con normalidad.
Cademartori y Martino consideran que este tipo de fallos laborales pueden generar "un enriquecimiento desmedido" de una persona y, al mismo tiempo, dejar sin trabajo a un gran número de colaboradores. Aseguran que esta situación no es exclusiva de su caso, sino que afecta a muchas otras pymes y micropymes embargadas o condenadas por sumas impagables.
