El Gobierno español impuso una sanción de 64 millones de euros a la plataforma de alquiler vacacional Airbnb, principalmente por anunciar viviendas turísticas sin la licencia correspondiente en su sitio web. Esta resolución, que agota la vía administrativa, obliga a la compañía a eliminar los contenidos ilegales y a hacer pública la multa.
La medida se enmarca en un intenso debate en España sobre el papel de estas plataformas, especialmente en las grandes ciudades turísticas, donde muchos habitantes les reprochan su contribución al aumento de los precios de los alquileres.
Según el Ministerio de Consumo, la sanción se aplicó por infracciones detectadas en 65.122 anuncios de Airbnb. El ministro Pablo Bustinduy subrayó que "en España se va a cumplir la ley y no hay empresa, por grande o poderosa que sea, que pueda desarrollar un modelo de negocio que esté al margen de la ley".
Por su parte, Airbnb expresó su confianza en que las acciones del Gobierno son "contrarias a la normativa aplicable" y anunció que recurrirá la multa ante los tribunales.
España recibió 94 millones de visitantes en 2024, un récord que la convierte en el segundo destino turístico mundial. Sin embargo, el auge del turismo ha generado malestar entre los residentes por la congestión, la desaparición del comercio tradicional y, sobre todo, el encarecimiento de los alquileres, ya que muchos propietarios optan por el lucrativo alquiler vacacional.
Ante esta situación, algunos municipios, como Barcelona, han anunciado medidas para limitar o extinguir las licencias de apartamentos turísticos. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, también destacó la "intervención pública" en este mercado para ayudar a "resolver la crisis de la vivienda".
La multa a Airbnb es un claro mensaje del Ejecutivo español de que no tolerará el incumplimiento de la normativa por parte de las plataformas de alquiler vacacional, en un intento por regular un sector que ha generado crecientes tensiones sociales.
