El conflicto territorial entre los municipios de Nahualá y Santa Catarina Ixtahuacán, en el departamento de Sololá, Guatemala, se ha mantenido activo durante los últimos años, dejando un saldo aproximado de 20 víctimas civiles, según reportes oficiales y periodísticos.
La disputa, que data de más de 100 años, ha obligado al gobierno guatemalteco a recurrir de manera reiterada a estados de sitio, prórrogas y estados de prevención, sin que hasta ahora se haya logrado una solución definitiva.
El último repunte de violencia ocurrió en diciembre de 2025, bajo la administración del presidente Bernardo Arévalo, cuando un ataque armado en la aldea Chiquix, en Nahualá, dejó al menos 12 personas muertas. Dos días después, el 13 de diciembre, se registraron más choques violentos, lo que llevó al gobierno a decretar un estado de prevención por 15 días y reforzar la presencia de las fuerzas de seguridad en la zona.
Según el Ejecutivo, además del histórico conflicto territorial, existe infiltración de grupos del crimen organizado, señalando el uso de armas de alto poder en los enfrentamientos. Sin embargo, esta advertencia sobre la participación de actores externos no es nueva, y en gobiernos anteriores también se había mencionado sin que se tradujera en una solución definitiva.
A más de seis años del primer estado de sitio decretado en esta etapa, el balance sigue siendo que la mayoría de las víctimas son civiles y que las medidas excepcionales solo han contenido temporalmente los enfrentamientos, sin resolver el conflicto de fondo.
Los gobiernos de Jimmy Morales, Alejandro Giammattei y ahora Bernardo Arévalo han intentado diversas vías para poner fin a esta disputa, incluyendo acuerdos de copropiedad, laudos judiciales y el despliegue militar. No obstante, la violencia se ha mantenido activa a través de los distintos mandatos presidenciales, con pausas temporales, pero sin un cierre estructural del conflicto.
Expertos señalan que la falta de una solución duradera se debe a la complejidad de la disputa, que involucra aspectos históricos, territoriales, políticos y la posible infiltración de grupos criminales. Mientras tanto, los habitantes de Nahualá y Santa Catarina Ixtahuacán continúan sufriendo las consecuencias de un conflicto que parece no tener un final a la vista.
