La decisión del gobierno chileno de eliminar las sanciones a los conductores que circulen por autopistas concesionadas sin el dispositivo de telepeaje (TAG) es una medida que debilita silenciosamente uno de los sistemas más robustos y eficaces del país: el de concesiones de infraestructura.
El sistema de concesiones en Chile ha permitido financiar importantes obras como autopistas, hospitales, aeropuertos y cárceles, sin comprometer el presupuesto fiscal. Esto ha sido posible gracias a la combinación de inversión privada y reglas claras que han hecho del modelo chileno un caso de éxito.
Sin embargo, el proyecto de ley que elimina la sanción por no portar el dispositivo TAG erosiona tres elementos esenciales de este sistema: un marco legal claro y predecible, el respeto a los contratos y obligaciones, y un sistema de incentivos que promueva el cumplimiento de las reglas.
Al volver opcional una obligación legal, la norma pierde eficacia y autoridad. "Una regla sin castigo no es una regla: es una sugerencia con membrete oficial. Y eso tiene consecuencias", advierte el análisis.
Más del 96% de los usuarios cumple actualmente con el uso del TAG, pero la señal que envía este proyecto de ley es clara: "ser responsable es de ingenuos". Además, al modificar unilateralmente una condición legal vigente, se genera incertidumbre sobre el respeto a los contratos, lo que puede espantar a los concesionarios e inversionistas.
"Alterar esas reglas por razones de conveniencia política es, simplemente, destruir el sistema", señala el texto. Si bien se puede revisar la proporcionalidad de la multa o simplificar los mecanismos de cobro, suprimir la sanción atenta contra el principio básico de que las normas se cumplen.
El resultado previsible, advierten los expertos, es un sistema más caro, más ineficiente y más injusto, todo para ganar unos puntos de simpatía en el corto plazo. Cuando la ley se convierte en un gesto, lo que queda no es política pública, sino marketing político con graves efectos secundarios.
