La reciente resolución judicial en Costa Rica sobre un caso de ciberdelincuencia revela la complejidad de estos delitos y las responsabilidades de las partes involucradas. Si bien el Banco Nacional no fue considerado responsable de la sustracción de 9,5 millones de colones de la cuenta de una ciudadana, el fallo abre un debate sobre la protección de los usuarios en los servicios financieros digitales.
El Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda determinó que la víctima sufrió un engaño a través de una técnica llamada "ingeniería social", lo que le permitió a los delincuentes acceder a sus credenciales bancarias y realizar las transferencias fraudulentas. La resolución señala que no hubo vulneración de los sistemas de seguridad del banco.
Según el abogado especialista Andrés Bogarín Bustamante, este tipo de jurisprudencia invita a debatir sobre cómo fortalecer la educación digital para mitigar esquemas de manipulación sofisticada, y cómo armonizar los deberes de protección al usuario con los límites técnicos y jurídicos de los sistemas de autenticación remota.
El experto también indica que, si bien esta resolución fue en contra de la víctima, recientemente los tribunales han exigido a los bancos mayores medidas de seguridad y sistemas más robustos para proteger a los usuarios. Además, señala que el país aún tiene camino por recorrer en términos de educación financiera, siendo una obligación del Estado atender esta labor.
Este caso refleja la complejidad de los delitos cibernéticos y la necesidad de un abordaje integral que involucre tanto a las entidades financieras como a los usuarios. La responsabilidad de proteger los datos y los fondos de los clientes es un desafío constante en la era digital.





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