En un esfuerzo por combatir la corrupción que afecta a Panamá, la Procuraduría General de la Nación, junto a la Dirección de Investigación Judicial, llevaron a cabo el operativo "Integral", logrando la aprehensión de 5 personas relacionadas a investigaciones por delitos contra la Administración Pública.
El operativo se desarrolló en diferentes puntos a nivel nacional, revelando una trama de irregularidades y malversación de fondos públicos. En la comarca indígena Ng be-Buglé, distrito de N r m, se detuvo al tesorero y al representante de la Junta Comunal de Cerro Pelado, quienes presuntamente cometieron peculado por un monto de B/. 204,272.08, a través de la falsificación de firmas en cheques de los fondos de dicha junta.
En Veraguas, distrito de Santiago, se aprehendió a un empresario de 48 años, quien presuntamente se encontraba vinculado al delito de peculado. Según la investigación, este individuo habría incumplido en la construcción de 741 unidades sanitarias básicas del programa del Consejo Nacional para el Desarrollo Sostenible (CONADES), en el corregimiento de Cañaveral, en el distrito de Penonomé, generando una afectación económica de B/. 458,536.34.
En Chiriquí, las autoridades detuvieron a una ciudadana por el delito de blanqueo de capitales. La investigación reveló que, en dos cuentas del Banco Nacional, dos funcionarias del Ministerio de Educación recibían fondos en efectivo, transferencias ACH y traspasos de personas naturales que figuraban en un listado de docentes durante el periodo 2022 a 2024.
Finalmente, en Pacora, se aprehendió a un exfuncionario del Ministerio de Obras Públicas, quien en el 2022 se habría apoderado de 18 yardas de capa base destinada para uso público, utilizando un documento alterado para obtener el permiso de salida del recinto. Este acto delictivo lo involucra en los delitos de hurto y falsificación de documento.
Estos casos ponen de manifiesto la persistencia de la corrupción en diferentes ámbitos de la administración pública panameña, y resaltan la importancia de los esfuerzos de las autoridades por erradicar este flagelo que afecta el desarrollo y la confianza de la ciudadanía en las instituciones. La sociedad civil y los medios de comunicación desempeñan un papel fundamental en la vigilancia y denuncia de estos hechos, contribuyendo a una mayor transparencia y rendición de cuentas.
