El arbitraje es una herramienta fundamental para la resolución de conflictos en el Perú, donde el sistema judicial se encuentra abrumado por una enorme carga procesal y demoras excesivas. Como se detalla en la fuente, el arbitraje tiene una larga tradición, remontándose a las prácticas de los antiguos griegos y romanos, y ha sido reconocido a nivel internacional a través de la Convención de Nueva York de 1958.
En el Perú, la Ley General de Arbitraje de 1992 y el Decreto Legislativo 1071 del 2008 han establecido un marco legal sólido para el uso del arbitraje en disputas civiles, comerciales y, de manera única, en controversias con el Estado. Esto ha convertido al sistema arbitral peruano en un modelo a seguir por otros países.
Sin embargo, no todo es perfecto. La fuente señala la existencia de árbitros parciales, centros de arbitraje corruptos y "centros bamba" que socavan la confianza en este mecanismo. Además, en la administración pública, el desconocimiento del arbitraje limita su uso, a pesar de que la ley obliga al Estado a participar en estos procesos.
Ante la ineficacia del Poder Judicial, el arbitraje se ha convertido en la única vía real para obtener justicia en el Perú. Los usuarios, tanto empresas como ciudadanos, deben exigir el cumplimiento de los laudos arbitrales, que tienen la calidad de cosa juzgada. Por su parte, el Estado debe fortalecer el sistema arbitral, garantizando procesos óptimos, una adecuada defensa y el cumplimiento de los laudos.
Solo así, el arbitraje podrá cumplir su papel como herramienta fundamental para el desarrollo del país, brindando una justicia ágil, eficiente y confiable. Es hora de que el Perú reconozca que el arbitraje es su única justicia real y trabaje para potenciarlo aún más.
