Desde este martes 9 de diciembre, las principales redes sociales como Instagram, TikTok y otras plataformas digitales quedan prohibidas para los menores de 16 años en Australia. Esta medida sin precedentes a nivel global busca proteger a los jóvenes de contenidos dañinos y comportamientos abusivos en línea.
El gobierno australiano, liderado por el primer ministro Anthony Albanese, considera necesario tomar acciones drásticas para contener la propagación de "algoritmos predatorios" que inundan los dispositivos de los adolescentes con material sexual y violento. La ley obliga a las gigantes tecnológicas a verificar la edad de sus usuarios y eliminar las cuentas de quienes no puedan comprobar que tienen al menos 16 años, bajo pena de multas millonarias.
"Con mucha frecuencia, las redes sociales no son nada sociales", argumentó Albanese. "Al contrario, son usadas como arma por los acosadores, como plataforma para la presión social, como motor de la ansiedad, como vehículo para los estafadores y, peor aún, como herramienta para los depredadores en línea".
La medida cuenta con el apoyo de padres como Mia Bannister, quien culpa a las redes sociales por el suicidio de su hijo adolescente, Ollie, víctima de ciberacoso. Sin embargo, la prohibición ha generado rechazo entre los jóvenes usuarios, quienes cuestionan la efectividad de la iniciativa y denuncian censura a la libertad de expresión.
Las plataformas digitales, por su parte, han expresado su disconformidad con la determinación del gobierno, aunque se espera que acaten la ley. Para verificar la edad, deberán implementar herramientas de inteligencia artificial y solicitar a los usuarios el escaneo de documentos de identidad oficiales. No obstante, persisten dudas sobre la eficacia de estos métodos, ya que los adolescentes podrían utilizar los documentos de familiares mayores.
Mientras tanto, en Brasil entró en vigor en septiembre una ley similar, conocida como ECA Digital, que obliga a las empresas a adoptar medidas "razonables" para restringir el acceso de menores a contenidos ilegales o inapropiados en entornos digitales. La aplicación de estas normativas en diferentes países refleja la creciente preocupación por proteger a los jóvenes de los riesgos y abusos que proliferan en las redes sociales.
