En una semana trágica para Nicaragua, al menos 12 personas han perdido la vida en accidentes de tránsito, entre ellos dos niños que fueron arrollados. Estas muertes ocurrieron mientras las autoridades policiales omiten brindar datos oficiales transparentes sobre la situación.
Según la información disponible, los 12 fallecimientos se registraron en el transcurso de siete días en diferentes puntos del país centroamericano. Dos de las víctimas eran menores de edad, lo que agrava aún más esta preocupante ola de siniestros viales.
"Es una situación realmente alarmante. Cada día recibimos noticias de nuevos accidentes con consecuencias fatales, y lo peor es que no tenemos cifras oficiales ni explicaciones claras de parte de las autoridades", señaló una fuente cercana a las investigaciones, quien prefirió mantener el anonimato.
La falta de transparencia por parte de la Policía Nacional de Nicaragua ha dificultado la obtención de detalles precisos sobre las circunstancias que rodearon estos trágicos sucesos. Sin embargo, algunas informaciones preliminares indican que varios de los accidentes se produjeron por exceso de velocidad, imprudencia de los conductores y deficientes condiciones de las vías.
"Resulta indignante que no se brinden datos oficiales sobre esta situación. Las familias de las víctimas merecen respuestas y que se tomen medidas urgentes para evitar que sigan ocurriendo más muertes en las carreteras", manifestó un activista local de derechos humanos.
Expertos en seguridad vial han señalado que la falta de controles, la escasa señalización y el deterioro de la infraestructura vial son algunos de los factores que contribuyen a la alta siniestralidad en las carreteras nicarag enses. Asimismo, destacan la necesidad de implementar campañas de concientización y de endurecer las sanciones para quienes incumplan las normas de tránsito.
Ante este panorama desolador, las autoridades nicarag enses enfrentan el desafío de brindar información transparente, investigar a fondo estos hechos y tomar acciones concretas para reducir la accidentalidad y proteger la vida de los ciudadanos en las vías del país.
