El sector del transporte público en Costa Rica enfrenta una situación crítica caracterizada por una caída sostenida en la demanda de usuarios y el abandono de rutas por parte de los concesionarios. Según datos destacados por la Cámara Nacional de Transportes, la demanda del servicio está disminuyendo a un ritmo aproximado del 8,5% por año, una tendencia que pone en riesgo la sostenibilidad del modelo actual de movilidad.
En los últimos dos años, el Consejo de Transporte Público (CTP) ha reportado que los concesionarios han devuelto un total de 20 rutas de autobús. Esta situación impacta directamente la movilidad de miles de ciudadanos y genera incertidumbre sobre la continuidad de los servicios en diversas zonas. Aunque el CTP indicó que, al momento, no existen solicitudes pendientes de concesionarios para devolver rutas en los meses venideros, la presidenta de la Cámara Nacional de Transportes, Silvia Bolaños, advierte que esta tendencia se mantendrá durante los próximos años.
La gravedad de la situación se refleja en los eventos más recientes. Tan solo durante el mes de octubre, dos empresas decidieron devolver sus rutas. Una de ellas fue Lared Ltda., que anunció el cese de sus servicios en sectores clave como Barrio México, Barrio Escalante, Seminario y San Cayetano. De acuerdo con cifras de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep), estos servicios movilizaron aproximadamente 155.000 pasajeros durante enero de 2026. La otra empresa afectada fue Empresarios Unidos del Norte S.R.L., que opera en la Zona Norte del país.
Para Silvia Bolaños, la devolución de estas rutas no es un hecho aislado, sino el resultado de la falta de decisiones concretas para fortalecer el transporte público. La dirigente señaló que la postergación en la toma de decisiones y la falta de priorización del sector durante años han generado los efectos negativos que se observan hoy. En este sentido, recordó que ya entre 2012 y 2013 existían estudios y tesis universitarias que advertían sobre una posible reducción en la proporción de personas que utilizarían el transporte público hacia el año 2030.
Las proyecciones de aquellos estudios estimaban que para el año 2030, solo el 35% de la población utilizaría el autobús. Bolaños afirmó que para el año 2026, dicha proporción se sitúa en el 43,5%, lo que sugiere que el porcentaje proyectado de caída podría alcanzarse antes de la fecha prevista originalmente.
Entre los factores que han impulsado esta disminución, la representante de los transportistas señaló la proliferación de servicios informales, destacando que algunos operadores ofrecen transporte incluso en las inmediaciones de las paradas oficiales. A esto se suma el impacto de las plataformas electrónicas, que ingresaron al país desde el año 2015 sin regulación alguna y han operado libremente por más de una década sin pagar cánones.
Esta situación ha creado, según Bolaños, una competencia desigual. Mientras que las empresas de autobuses deben pagar cánones regulatorios tanto a la Aresep como al Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), las plataformas digitales no enfrentan tales costos. Esta disparidad financiera termina reflejándose en las tarifas que deben pagar los pasajeros.
La presidenta de la Cámara advirtió sobre un círculo vicioso: la disminución de pasajeros puede provocar aumentos en las tarifas, ya que los costos de operación deben distribuirse entre un número menor de usuarios. Este incremento del precio del pasaje reduce aún más el atractivo del servicio, afectando especialmente a las personas de menores ingresos, que son quienes más dependen del transporte público. Según Bolaños, Costa Rica posee uno de los transportes públicos más caros y es utilizado principalmente por los percentiles más bajos de la población. Ante el encarecimiento, estos usuarios optan por no movilizarse o recurrir a servicios "piratas" y colectivos que ofrecen mayor agilidad frente a las rutas preestablecidas y el congestionamiento vial.
Otro desafío significativo es el costo del beneficio tarifario para las personas adultas mayores. Datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) muestran que la proporción de personas mayores de 65 años pasó del 5,6% en el año 2000 al 10,1% en 2022, con una proyección que alcanza el 24,7% para el año 2050. Gilberth Fernández, gerente general de Lared Ltda., ejemplificó este impacto indicando que en septiembre su empresa registró aproximadamente ¢10 millones en pasajes de adultos mayores, monto que supera el reconocimiento incorporado en las tarifas pagadas por el resto de los usuarios.
Ante este escenario, Bolaños propone buscar fuentes de financiamiento externas para mantener el beneficio de la tercera edad sin trasladar el costo a las empresas y a los demás pasajeros. Sugirió la implementación de subsidios cruzados, donde quienes utilizan vehículo particular subsidien a quienes no tienen transporte, o el uso de superávits de instituciones públicas. Asimismo, planteó establecer mecanismos para evitar aumentos bruscos en las tarifas cuando sube el precio del diésel, similar al rebalanceo realizado con el gas LP entre 2017 y 2018.
Por su parte, el CTP informó que se encuentra analizando la situación de las comunidades afectadas mediante mesas de trabajo ruta por ruta junto con la Aresep. Finalmente, datos de la Aresep revelan que entre el 1 de enero y el 1 de octubre de 2026 se registraron 242.745.731 viajes en autobús, de los cuales 25.979.640 fueron realizados por personas adultas mayores, generando ingresos reportados por las empresas de ¢138.858 millones.






