En un operativo conjunto coordinado entre el Ejército Nacional, la Policía y la Fiscalía General de la Nación, las autoridades lograron la captura de Néider Yesid Uñates López, ampliamente conocido en el mundo criminal como alias “Primo Gay”. El operativo tuvo lugar en la vereda Santa Ana, ubicada en el municipio de Briceño, Antioquia, marcando un golpe estratégico contra las estructuras armadas que operan en el nordeste del departamento.
La detención de Uñates López ha permitido poner al descubierto la compleja y volátil trayectoria de uno de los hombres más buscados de la región. Según los informes de inteligencia, alias “Primo Gay” posee un historial de movilidad entre diversas organizaciones criminales, lo que refleja la ausencia de convicciones ideológicas en favor de los intereses económicos derivados de la ilegalidad. Su carrera delictiva comenzó en las filas del Ejército de Liberación Nacional (ELN), donde escaló niveles jerárquicos antes de integrarse a las disidencias de las Farc.
Dentro de las disidencias, Uñates López alcanzó un rango prominente, convirtiéndose en uno de los hombres de mayor confianza de alias “Calarcá”, jefe de una de las facciones disidentes. En este periodo, se desempeñó como el jefe principal de la subestructura 5, siendo el responsable de ejecutar un plan expansivo en las zonas del norte y nordeste de Antioquia, logrando consolidar la presencia del grupo en dichos territorios.
Sin embargo, el panorama cambió recientemente. El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, señaló que el capturado “cambió de brazalete” para integrarse a las filas del Clan del Golfo, el grupo rival de sus antiguos aliados. Para el mandatario, este movimiento evidencia que el único motor de estas acciones son las “rentas criminales”, basándose en actividades como la extorsión, el asesinato, el desplazamiento forzado y la siembra del terror.
Desde una perspectiva diferente, Yesid Zapata, defensor de derechos humanos en Antioquia, sugiere que el traslado de alias “Primo Gay” al Clan del Golfo no fue una alianza estratégica entre grupos, sino una medida de supervivencia. Según Zapata, tensiones internas dentro de las disidencias habrían llevado a que otros mandos planearan el asesinato de Uñates López. Al enterarse de esta amenaza, el criminal habría buscado refugio en su enemigo más directo, el Clan del Golfo, ofreciendo su experiencia delictiva a cambio de protección.
Uno de los puntos más oscuros del prontuario de alias “Primo Gay” es su presunta responsabilidad en la orden de asesinar al periodista Mateo Pérez Rueda, director del medio El Confidente de Yarumal. El joven periodista, de 25 años, cubría los conflictos armados y el desplazamiento forzado en el norte de Antioquia. Según la Fiscalía, Pérez fue interceptado el 5 de mayo en la vereda Palmichal, interrogado por alias “Víctor Chalá” —quien ya ha sido capturado— y asesinado el 8 de mayo tras ser falsamente acusado de colaborar con la fuerza pública.
Además del crimen contra la prensa, a Uñates López se le vincula con el derribo de un helicóptero Black Hawk en Amalfi el 21 de agosto de 2025, ataque que resultó en la muerte de 13 policías. Debido a que la aeronave pertenecía al Gobierno de Estados Unidos, el gobierno estadounidense ha ofrecido una recompensa de hasta 5 millones de dólares por información sobre este caso. Ante esto, el gobernador Rendón ha solicitado que Estados Unidos gestione la extradición del capturado.
El contexto de esta captura se enmarca en una disputa territorial feroz en el nordeste antioqueño, donde el Clan del Golfo, el ELN y diversas facciones de las disidencias de las Farc (incluyendo el Estado Mayor Central de alias “Iván Mordisco” y el bloque de alias “Calarcá”) luchan por el control del narcotráfico y la minería ilegal. Esta guerra interna ha provocado rupturas, como la del frente 18, que se separó de “Calarcá” para alinearse con “Mordisco”, y la posterior muerte de su líder, alias “Ramiro”, en marzo pasado.
Actualmente, alias “Primo Gay” se encuentra a disposición de la Fiscalía, que adelanta las diligencias necesarias para que un juez de control de garantías legalice su captura y se defina su medida de aseguramiento.
