La Cátedra Permanente de Estudios de la Realidad Nacional e Internacional llevó a cabo un encuentro de análisis crítico centrado en el impacto del régimen de excepción en El Salvador. Durante la jornada, desarrollada en la Facultad de Ciencias y Humanidades, se examinó la erosión del Estado de derecho, la persecución política y el drama humano que ha acompañado la implementación de las medidas de seguridad gubernamentales. El evento se estructuró en dos bloques temáticos que permitieron contrastar un diagnóstico jurídico-institucional con testimonios directos de organizaciones de víctimas y familiares.
En el primer bloque, Ingrid Adriana Escobar Campos, directora de Socorro Jurídico Humanitario (SJH), participó de manera virtual desde México para presentar un balance sobre el desmantelamiento institucional del país. Escobar explicó que, bajo una narrativa oficial de éxito en la seguridad pública, se ha consolidado un esquema de concentración de poder que ha eliminado los contrapesos republicanos. Según la especialista, el punto de quiebre se produjo tras las elecciones legislativas de mayo de 2021, momento en el que la nueva mayoría parlamentaria destituyó, sin el debido proceso, al Fiscal General y a los magistrados de la Sala de lo Constitucional para colocar a funcionarios afines al Ejecutivo.
Este proceso de captura institucional facilitó la validación de la reelección presidencial de 2024 y permitió cambios estructurales profundos, como la reducción de la Asamblea Legislativa de 84 a 60 curules y la disminución de los municipios de 262 a 44. Asimismo, se señaló la subordinación del Tribunal Supremo Electoral, la Fuerza Armada y el Ministerio Público hacia el año 2026, configurando una situación que la doctrina define como autoritarismo competitivo.
Respecto al modelo de seguridad, Escobar cuestionó sus orígenes, mencionando pactos entre operadores del gobierno y estructuras de pandillas iniciados en 2015. También destacó que, entre 2019 y 2022, se registraron 6,443 desapariciones, previo a la escalada de violencia de marzo de 2022, donde se contabilizaron 87 asesinatos en tres días, siendo el 95 por ciento de las víctimas civiles. Este escenario sirvió como antesala para el régimen de excepción, el cual, aunque la Constitución establece un plazo máximo de 30 días, ya acumula 50 meses de vigencia continua.
La directora de SJH detalló que se ha anulado el debido proceso mediante el uso de jueces sin rostro, el bloqueo a la defensa técnica y detenciones provisionales de hasta 15 días. Bajo este esquema, miles de personas permanecen hasta cuatro años sin vista pública ni audiencia de instrucción. En términos numéricos, de aproximadamente 93,000 detenidos, se estima que 40,000 son inocentes, aunque el gobierno ha reconocido la liberación de cerca de 10,000 ciudadanos sin culpabilidad. Además, se documentaron 588 muertes bajo custodia estatal, de las cuales el 94 por ciento no pertenecía a pandillas ni tenía condena firme; la mitad de estos fallecimientos fueron violentos y la otra mitad producto de la falta de atención médica. Debido a la sistematicidad de torturas, detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas, Escobar afirmó que estos hechos encuadran en crímenes de lesa humanidad según el Estatuto de Roma.
El segundo bloque del encuentro se centró en la resistencia social y la visibilidad de las víctimas. Lourdes Palacios, coordinadora del Comité de Familiares de Personas Presas y Perseguidas Políticas de El Salvador (COFAPPES), explicó que su organización nació en julio de 2021 tras las primeras redadas políticas. Hasta septiembre de 2026, el comité ha contabilizado 212 víctimas políticas: el 95 por ciento son líderes sociales, sindicales, ambientalistas, periodistas y militantes de izquierda, mientras que el 5 por ciento pertenece a un partido de derecha.
De estas víctimas, 96 sufrieron prisión política, de las cuales 34 continúan encarceladas y 5 murieron en prisión. Otras 116 personas enfrentan el exilio o la persecución, incluyendo a 50 periodistas y 30 miembros de organizaciones sociales. Palacios describió que, a pesar del acoso, la vigilancia domiciliaria y la intervención de comunicaciones, el comité mantiene jornadas de denuncia diplomática y acompañamiento jurídico.
Finalmente, Katia Panameño, representante de Madres por la Libertad, compartió el testimonio de las familias de personas inocentes capturadas. Este movimiento se organiza mediante movilizaciones pacíficas bajo la consigna «Hasta darles el abrazo», utilizando retratos y flores amarillas para romper el miedo. Panameño puntualizó cuatro exigencias fundamentales: la libertad inmediata de los inocentes, el restablecimiento de las visitas familiares, la entrega de pruebas de vida verificables y el cese de las audiencias masivas que vulneran las garantías individuales.
