A una década de la firma del Acuerdo de Paz en La Habana, Humberto de la Calle, quien fue el jefe negociador del proceso, exvicepresidente y excongresista, ha compartido una profunda reflexión sobre el estado actual de Colombia y los desafíos que persisten en la implementación de lo pactado. Para De la Calle, aunque el objetivo primordial de terminar la confrontación con las Farc se alcanzó, el camino posterior ha estado marcado por una implementación insuficiente y una creciente polarización social.
El exnegociador sostiene que el acuerdo fue un éxito en su propósito central: la desmovilización de 13.000 personas y la destrucción de las armas de la guerrilla más antigua y poderosa del continente. De la Calle enfatiza que es un error afirmar que la "paz de Santos" fracasó debido a que persistan disparos en el territorio, ya que las violencias actuales son perpetradas por grupos con los que nunca se negoció, como el ELN o el Clan del Golfo, organizaciones que en muchos casos poseen intereses puramente lucrativos y no políticos.
No obstante, De la Calle fue crítico con la gestión de los gobiernos posteriores. Sobre la administración de Gustavo Petro, señaló que el mandatario fue el principal freno a la implementación del acuerdo. Según el exvicepresidente, Petro minimizó lo pactado en La Habana calificándolo como una "paz chiquita" y cometió un "error trágico" al implementar la denominada "Paz Total". De la Calle afirma que este enfoque careció de metodología y rigor, basándose en ceses al fuego unilaterales por parte del Estado que terminaron por paralizar a la Fuerza Pública, generando una sensación de incertidumbre en los comandantes militares sobre cómo operar frente a la ilegalidad.
En cuanto al gobierno actual del presidente Abelardo de la Espriella, De la Calle manifestó presagios preocupantes. Aunque reconoce que Colombia requiere una política de seguridad, asegura que, hasta el momento, no se ha presentado una metodología clara ni seria ante los colombianos, calificando las acciones actuales como un "alarde de fuerza" que busca popularidad pero que ignora las complejidades territoriales. Asimismo, advirtió que el intento de disolver la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y trasladar los casos a la justicia ordinaria sería el "peor error de Colombia".
Respecto a la JEP, De la Calle fue autocrítico y objetivo. Reconoció que la institución ha caído en una excesiva burocracia y en un "procesalismo" que ha retrasado las tareas fundamentales. Criticó que la JEP haya intentado buscar una verdad absoluta en cada proceso, repitiendo el trabajo de la Comisión de la Verdad, y señaló que se cometió el error de juzgar a los delincuentes uno a uno, en lugar de centrarse en los máximos responsables y el contexto, lo que prolonga indefinidamente la tarea judicial.
Sobre la participación política de los excombatientes, el exnegociador defendió que el ingreso de las Farc al Congreso era un eje ético fundamental para dar solvencia moral al acuerdo y evitar que fuera una simple transacción del Estado. Aunque comprende que ver a antiguos guerrilleros en el Legislativo sea irritante para las víctimas, sostiene que no hubo una "entrega del país", ya que ningún tema crucial de la nación dependió de los votos o la oratoria de dicho sector.
Finalmente, De la Calle reflexionó sobre la salud democrática del país, lamentando que las redes sociales hayan radicalizado la opinión pública, convirtiendo a los adversarios en enemigos. Lamentó que la discusión nacional tenga un nivel tan bajo que se centren en temas de moral pública mientras el mundo avanza en debates globales y tecnológicos, haciendo un llamado a recuperar una confrontación reflexiva basada en el respeto.
