La cumbre climática COP31, que se desarrolla actualmente en Antalya, Turquía, ha puesto nuevamente sobre la mesa uno de los desafíos más complejos y recurrentes de la agenda ambiental global: la movilización de recursos financieros por parte de los países desarrollados en beneficio de las economías en desarrollo. El acceso a la financiación sigue siendo el principal obstáculo para que las naciones con menores recursos puedan implementar medidas efectivas contra el cambio climático.
De acuerdo con los datos proporcionados por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), los países desarrollados movilizaron un total de 136.700 millones de dólares (equivalentes a 121.800 millones de euros) durante el año 2024, que es el último ejercicio con información disponible. Esta cifra revela una distancia considerable respecto al compromiso fijado en la COP29 de Bakú, donde se estableció una meta de 300.000 millones de dólares para el año 2035.
Los fondos destinados a la lucha contra el cambio climático poseen diversas procedencias y modalidades de entrega. Pueden originarse en gobiernos, bancos de desarrollo o inversores privados, y su desembolso se realiza a través de tres vías principales: subvenciones, préstamos o inversiones directas.
En paralelo a estos compromisos institucionales, el sector de la inversión privada y pública en transición energética muestra tendencias mixtas. Según el informe 'Energy Transition Investment Trends' de la consultora BloombergNEF (BNEF), la inversión en este ámbito alcanzó los 2,3 billones de dólares (2,05 billones de euros) en 2025, el último ejercicio cerrado. Aunque esta cifra representa un crecimiento del 8 % respecto a 2024 y sitúa la inversión en máximos, el ritmo de crecimiento ha experimentado una desaceleración notable si se compara con el 27 % interanual registrado en 2021.
El análisis detallado de estas inversiones revela que la electrificación del transporte fue el sector más beneficiado, captando 893.000 millones de dólares, lo que representa el 39 % del total. Le siguieron las energías renovables con 690.000 millones de dólares y las redes eléctricas con 483.000 millones de dólares. Mientras que la inversión en electrificación creció un 21 % y la destinada a redes aumentó un 17 %, se registró un descenso del 9,5 % en la inversión dedicada a las energías renovables. Por otro lado, los sistemas de almacenamiento energético mostraron un crecimiento, alcanzando los 71.000 millones de dólares.
Desde una perspectiva geográfica, la región de Asia-Pacífico continúa dominando el panorama, acaparando el 47 % de las inversiones globales. China se mantiene como el mercado más relevante con 800.000 millones de dólares recibidos, aunque el país experimentó su primer descenso en la inversión. En contraste, Europa incrementó su inversión en un 18 %, llegando a los 455.000 millones de dólares. Estados Unidos también registró un aumento del 3,5 %, alcanzando los 378.000 millones de dólares, a pesar del regreso de Donald Trump a la presidencia.
En cuanto a la naturaleza de los fondos, de los 2,3 billones invertidos en 2025, 1,2 billones se captaron a través de deuda, mediante préstamos bancarios y la emisión de bonos verdes. Este segmento creció un 17 %, impulsado por el apetito de los fondos de inversión y la banca global. Un dato relevante es que las inversiones en energías fósiles descendieron por primera vez desde 2020, afectando principalmente a los negocios de exploración y producción de petróleo y gas (upstream).
Mirando hacia el futuro, la Agencia Internacional de la Energía (AIE) prevé que la inversión global en energía crezca un 5 % este año, situándose en 3,4 billones de dólares. Se estima que unos 2,2 billones de dólares se destinen a infraestructuras asociadas y tecnologías de bajas emisiones, como las redes y el almacenamiento.
Sin embargo, el optimismo por las cifras totales es matizado por el World Economic Forum, que advierte que la transición energética se está "fragmentando". Según el 'Energy Transition Index 2026', factores como el aumento de la demanda energética, los cuellos de botella en las infraestructuras y las tensiones geopolíticas están evidenciando las vulnerabilidades del proceso global. El foro señala que el endurecimiento de las condiciones de financiación y la incertidumbre política son los principales obstáculos para mantener el impulso necesario.
Esta fragmentación geopolítica y la concentración de los flujos de inversión están ampliando la brecha entre las economías líderes y las rezagadas. Aunque el Acuerdo de París de 2015 estipula que los países ricos deben financiar a los países en desarrollo, las economías industrializadas buscan ahora ampliar la base de contribuyentes para incluir a las petromonarquías del Golfo Pérsico y a China.
El problema se agrava debido a la estructura de la financiación. La OCDE indica que dos tercios de los fondos climáticos se otorgan mediante préstamos, lo que perjudica a los países con menor capacidad de endeudamiento, quienes además deben pagar tipos de interés más elevados que las economías avanzadas. Al respecto, Gerd Müller, director general de la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI), ha subrayado la paradoja de que los países que menos han contribuido al cambio climático sean precisamente quienes deben pagar un precio más alto para frenarlo.
