El Ministerio de Seguridad Nacional ha implementado una serie de medidas restrictivas que impiden el acceso a los estadios de todo el país a 18 personas. Esta decisión, enmarcada en el programa "Tribuna Segura", surge como respuesta a diversos incidentes de violencia y agresiones registrados durante encuentros futbolísticos en distintas jurisdicciones. Las resoluciones, que fueron firmadas el pasado 6 de noviembre de 2026 y publicadas formalmente en el Boletín Oficial el 13 de noviembre, establecen sanciones diferenciadas según la gravedad y naturaleza de los hechos.
De acuerdo con la normativa aplicada, 17 de los sancionados han recibido una prohibición de concurrencia sin un plazo determinado, mientras que una persona fue sancionada con una restricción que regirá por un periodo de 24 meses. Estas medidas impiden que los afectados asistan a cualquier evento deportivo en cualquier punto del territorio nacional, independientemente de la disciplina o la categoría del encuentro.
La herramienta legal utilizada para estas sanciones es la Restricción de Concurrencia Administrativa, un mecanismo previsto en la normativa de seguridad en el fútbol y eje central del programa Tribuna Segura. El sustento legal de estas resoluciones se apoya en la Ley del Deporte, el Decreto 246/2017 y la Resolución 354/2017, dictada en su momento por el Ministerio de Seguridad. La decisión nacional se basó en actuaciones previas iniciadas por organismos de seguridad tanto de la provincia de Buenos Aires como de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, quienes fueron los encargados de identificar a los involucrados en los episodios de violencia.
El grupo más numeroso de sancionados, compuesto por 17 personas, está vinculado a incidentes ocurridos el 5 de septiembre, durante un partido de la Primera B Nacional donde Chacarita Juniors recibió a Atlanta en el estadio del club de San Martín. Previo a la resolución nacional, la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (Aprevide) ya había dispuesto una prohibición preventiva de concurrencia para estas personas.
Según los informes detallados en la resolución, los involucrados fueron identificados como protagonistas de un enfrentamiento violento ocurrido en las inmediaciones del estadio de Chacarita Juniors. Además de la pelea, los reportes indican que estas personas habrían opuesto resistencia a los efectivos policiales que intentaban intervenir para restablecer el orden y controlar la situación.
La investigación preliminar, incorporada al expediente administrativo, reveló que el conflicto se habría originado en una confrontación interna entre dos facciones relacionadas con la institución de San Martín, conocidas como “La Familia” y “La Famosa”. Debido a la gravedad de los hechos, se iniciaron actuaciones judiciales por los delitos de lesiones, atentado y resistencia a la autoridad. Este proceso cuenta con la intervención de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N.º 1 del Departamento Judicial de San Martín. Para este grupo, la resolución nacional no establece un límite temporal, por lo que la prohibición permanecerá vigente de manera indeterminada.
Por otro lado, una segunda resolución afecta específicamente a Lucas Daniel Di Pino, debido a un incidente registrado el 2 de octubre durante el Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol. El hecho ocurrió en La Bombonera, en el marco del partido disputado entre Boca Juniors y Unión.
Según el documento oficial, Di Pino fue acusado de agredir a un empleado del Cuerpo de Investigaciones Judiciales que se encontraba realizando tareas de campo como parte del operativo de seguridad. Tras la agresión, el individuo fue detenido y trasladado por el personal policial. Como consecuencia, se le impuso una restricción de concurrencia por un plazo de 24 meses, contados a partir del dictado de la resolución nacional, prohibiéndole el acceso a cualquier evento deportivo en el país.
A raíz de este incidente, se labró un acta por una presunta infracción al artículo 53 del Código Contravencional porteño, el cual hace referencia a las peleas. Asimismo, la resolución menciona una imputación por conductas consideradas contrarias a las normas de seguridad establecidas para los eventos futbolísticos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Finalmente, es importante destacar que estas restricciones fueron dispuestas en sede administrativa, basándose en informes de organismos de seguridad y actuaciones policiales. Por lo tanto, estas medidas no constituyen una sentencia judicial sobre la responsabilidad penal de las personas alcanzadas. Mientras que en el caso de los incidentes de Chacarita interviene la Justicia de San Martín, en el episodio de Boca-Unión se ha abierto un sumario por una presunta infracción contravencional en la Ciudad de Buenos Aires.
