La Fiscalía General de la Nación ha dado un golpe significativo contra las estructuras de criminalidad organizada dedicadas al blanqueo de capitales en el país. A través de una operación coordinada, las autoridades lograron la captura de siete personas, entre las que se encuentran cuatro funcionarios activos de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) y tres empresarios, quienes presuntamente integraban una red destinada a lavar dinero proveniente de actividades ilícitas.
Según la investigación adelantada por el ente acusador, esta estructura criminal operó entre los años 2020 y 2023, periodo durante el cual habrían implementado un sofisticado mecanismo de simulación comercial. El objetivo principal de la organización era ingresar al sistema financiero colombiano una suma que supera los 425.000 millones de pesos, fondos que tendrían un origen ilícito y que fueron camuflados bajo la apariencia de transacciones legales de comercio exterior.
El modo de operación consistía en la simulación de exportaciones de aceite hacia Ecuador. Para lograr este fin, el entramado ilegal contaba con la participación de cinco comercializadoras internacionales y una agencia de aduanas. De acuerdo con los detalles proporcionados por la Fiscalía, las cinco comercializadoras actuaban formalmente como las exportadoras de la mercancía, mientras que la agencia de aduanas se encargaba de tramitar las declaraciones y elaborar todos los documentos necesarios para dar respaldo legal a las supuestas operaciones comerciales.
Un elemento crítico en el éxito de este esquema fue la complicidad interna dentro de la DIAN. Cuatro funcionarios adscritos a la Seccional de Ipiales, en el departamento de Nariño, habrían utilizado su cargo y autoridad para certificar falsamente la salida de las mercancías del territorio nacional. Al contar con estas certificaciones oficiales, la estructura podía justificar la entrada de grandes sumas de dinero al país.
La Fiscalía señaló que el capital, proveniente de Estados Unidos, España, Panamá y Perú, ingresaba a Colombia bajo la modalidad de reintegros derivados de las supuestas exportaciones de aceite. De esta manera, el dinero de origen dudoso se integraba al flujo económico legal, aprovechando los vacíos y la corrupción en los procesos de control aduanero en la frontera.
Como resultado de estas investigaciones, se materializaron siete órdenes de captura ejecutadas en las ciudades de Cúcuta, en el departamento de Norte de Santander, e Ipiales, en Nariño. Entre los detenidos se encuentran Arvey Duque Villamizar, Alexis Valencia Valencia y Jeisson Urley Ovalles Mendoza, quienes se desempeñaban como representantes legales de las comercializadoras internacionales que figuraban como exportadoras en el proceso.
Asimismo, fueron capturados los funcionarios de la DIAN Seccional Ipiales identificados como Fabián Lizandro Erazo Herrera, Jhon Jairo Estupiñán Meneses, Ray Alexander Arteaga Revelo y Jorge Arellano Paguay. Estas personas fueron las encargadas de avalar y certificar que las cargas de aceite efectivamente habían salido del país, permitiendo así el flujo de los fondos ilícitos.
Tras su detención, los siete implicados fueron presentados ante un juez de control de garantías. La Fiscalía General de la Nación procedió a imputarles cargos por los delitos de lavado de activos y concierto para delinquir, ambos en su modalidad agravada, además del delito de falsedad ideológica en documento público, debido a la manipulación de los certificados oficiales de exportación.
Finalmente, el proceso judicial no se limita únicamente a las capturas y las imputaciones penales. La Fiscalía informó que ya se ha remitido la información pertinente a la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio. Esta entidad se encargará de evaluar y ejecutar las acciones legales necesarias sobre los bienes y activos que hayan sido adquiridos o relacionados con las actividades ilícitas de esta estructura, con el fin de recuperar los recursos vinculados al fraude.
