El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago ha resuelto aceptar la solicitud presentada por el Ministerio Público y los querellantes del caso denominado "Alto Mando", determinando una ampliación de 120 días adicionales para el periodo de investigación. Esta decisión judicial permite que la Fiscalía Metropolitana Centro Norte continúe con las indagatorias necesarias para esclarecer las presuntas responsabilidades por violación a los derechos humanos, específicamente bajo la figura de omisión, de los exjefes de Carabineros durante el periodo del estallido social.
Con esta resolución, el ente persecutor contará con un plazo extendido hasta mediados de diciembre para avanzar en la causa. En este proceso se encuentran imputados, entre otras figuras, los exgenerales directores de la institución policial, Mario Rozas y Ricardo Yáñez, quienes están siendo investigados por su rol y presunta falta de acción para evitar vulneraciones a los derechos fundamentales durante las manifestaciones.
La solicitud de extensión fue fundamentada por la repartición liderada por el fiscal Francisco Jacir, quien argumentó que aún existen diversas diligencias pendientes. Entre estas labores se encuentran aquellas requeridas por los querellantes, quienes han aportado pericias técnicas encargadas a organismos internacionales para fortalecer la base probatoria del caso.
Uno de los puntos centrales de esta nueva etapa es la incorporación de un peritaje solicitado por la abogada querellante Karinna Fernández. El objetivo de esta diligencia es sustentar la tesis de que los funcionarios de Carabineros no siguieron los procedimientos operativos establecidos por la propia institución y que, paralelamente, el Alto Mando no implementó las acciones necesarias para evitar que tales irregularidades ocurrieran.
Este análisis técnico fue realizado por Forensic Architecture, un organismo criminológico con sede en el Reino Unido, reconocido por su participación en causas complejas de derechos humanos, como el caso de Dilan Cruz en Colombia. El trabajo fue ejecutado por el investigador Rafael Artemtchonque, quien desarrolló un informe titulado “Sobre 89 grados”, nombre que hace referencia a los ángulos en los que se utilizaron las escopetas antidisturbios.
Para la elaboración de este informe, Artemtchonque utilizó una metodología basada en la reconstrucción tridimensional, empleando una serie de imágenes, registros audiovisuales y mapeos planimétricos de las zonas donde se produjeron las manifestaciones. Esta herramienta permitió analizar el actuar de los efectivos policiales desde una perspectiva geométrica y espacial.
Los resultados de este peritaje, que ya han sido remitidos a la Fiscalía Centro Norte, concluyen que el actuar de los funcionarios de Carabineros no estuvo acorde a los protocolos institucionales. Según el registro digital del forense, se detectó una serie de irregularidades que descartan el cumplimiento de las normativas internas. A solicitud de la abogada Fernández, el investigador Rafael Artemtchonque ya compareció ante el ente persecutor para entregar formalmente los resultados de su análisis.
Respecto a la importancia de estas pruebas, la abogada Karinna Fernández señaló que, en investigaciones por graves violaciones a los derechos humanos de la magnitud del estallido social, no es posible enfrentar la "opacidad deliberada de los registros policiales y un negacionismo que se reinventa cada año" únicamente con pruebas tradicionales. Fernández sostuvo que la incorporación de metodologías de investigación espacial y forense, como las de Forensic Architecture, es un imperativo para desarticular el ocultamiento de información y garantizar el derecho a la verdad.
Entre los hallazgos más relevantes del informe se destaca la existencia de una “disociación sistemática” entre el modelo oficial de uso gradual de la fuerza y la ejecución real de los procedimientos en terreno. El documento concluye que el empleo de escopetas y gases lacrimógenos se realizó de manera indiscriminada.
Asimismo, el peritaje advierte sobre “omisiones sistemáticas en las actas circunstanciadas”, lo que sugiere una falta de registro deliberada sobre las técnicas empleadas por las fuerzas policiales durante sus intervenciones.
En términos técnicos, la investigación audiovisual reveló que no se respetaron las distancias mínimas ni las zonas de protección establecidas en los propios protocolos de Carabineros. El informe es enfático al plantear que el análisis visual evidencia disparos realizados en trayectoria horizontal, los cuales son compatibles con el patrón masivo de lesiones oculares irreversibles que han sido documentadas en la causa.
Finalmente, la abogada Fernández aseguró que este resultado permite leer, desde el escenario del crimen, la acción delictiva del disparo y la geometría del tiro, considerando la escala del empleo de munición menos letal contra la población civil. Según la querellante, el documento permite concluir que las lesiones a los manifestantes no fueron hechos aislados, sino la consecuencia previsible de un modelo de intervención policial estructuralmente defectuoso y privado de un control efectivo por parte de la cadena de mando, la cual omitió su deber de resguardar a quienes ejercían sus derechos en el espacio cívico.
