La Policía de Seúl ha tomado medidas legales significativas en relación con el uso no autorizado de tecnologías de conducción autónoma en la capital surcoreana. Según la información proporcionada por la agencia de noticias Yonhap el pasado 27 de octubre de 2026, las autoridades policiales han remitido a la Fiscalía los casos de más de 80 personas sospechosas de haber activado de manera no autorizada el sistema Full Self-Driving (FSD) supervisado de la compañía Tesla.
Es fundamental precisar que esta remisión a la Fiscalía constituye un paso estrictamente procesal dentro del marco legal de Corea del Sur. Por lo tanto, el hecho de que estos expedientes hayan sido transferidos a los fiscales no representa una condena definitiva ni una sentencia contra los implicados, sino que marca el inicio de una fase de revisión legal donde se determinará la responsabilidad individual de cada una de las personas involucradas en estas activaciones.
El núcleo de la investigación policial se centra en la manipulación del software para habilitar funciones de conducción autónoma que no estaban autorizadas para su uso en el contexto local o para los usuarios específicos. Al respecto, la Policía de Seúl ha emitido advertencias claras sobre los riesgos inherentes a estas prácticas. Las autoridades han señalado que la activación no autorizada del sistema FSD puede comprometer gravemente la seguridad vial, ya que existe la posibilidad de que el vehículo interprete de manera errónea las condiciones reales de conducción en la carretera.
Además de los posibles errores de interpretación del entorno, la policía advirtió que el sistema, al ser activado fuera de los parámetros oficiales y autorizados, podría ejecutar acciones que resulten contrarias a la intención real del conductor. Esta discrepancia entre la voluntad del operador humano y la respuesta del software representa un peligro crítico en el tráfico urbano, donde la precisión en las maniobras es esencial para evitar accidentes.
En respuesta a esta situación, la agencia Yonhap informó que Tesla Korea ha implementado medidas técnicas para mitigar el problema. La empresa ha procedido a realizar desactivaciones remotas de aquellas activaciones del sistema FSD que fueron detectadas como no autorizadas. A pesar de estas intervenciones directas sobre el software de los vehículos, los reportes indican que algunos intentos de reactivación o de manipulación del sistema han continuado, lo que ha llevado a la policía a intensificar sus acciones legales.
Desde el punto de vista jurídico, las implicaciones para quienes hayan modificado el software de sus vehículos son severas. De acuerdo con lo establecido en la Ley de Gestión de Vehículos Motorizados, la modificación no autorizada de los sistemas de control de un automóvil puede conllevar sanciones penales y administrativas. Yonhap detalló que, según la normativa vigente, este tipo de infracciones pueden resultar en una pena máxima de hasta dos años de prisión o una multa económica de hasta 20 millones de wones surcoreanos.
No obstante, es imperativo subrayar que estas cifras representan los máximos legales permitidos por la ley surcoreana y no constituyen penas ya impuestas a los más de 80 individuos remitidos a la Fiscalía. La determinación de si se aplicarán multas, penas de prisión o medidas alternativas dependerá enteramente de la resolución de los procesos judiciales que ahora comienzan.
Este caso pone de relieve la tensión entre la adopción de tecnologías avanzadas de asistencia a la conducción y los marcos regulatorios de seguridad vial en Corea del Sur. La acción coordinada entre la Policía de Seúl y la Fiscalía busca desalentar la manipulación de sistemas críticos de seguridad, asegurando que la implementación del sistema FSD supervisado de Tesla se ajuste estrictamente a las normativas locales y a las autorizaciones oficiales del fabricante.
