La política tarifaria implementada en la provincia de Buenos Aires ha intensificado las tensiones internas entre el entorno del gobernador Axel Kicillof y el sector del kirchnerismo duro, liderado por Máximo Kirchner. El punto de conflicto es la decisión del gobierno provincial de avanzar con aumentos en las tarifas de electricidad, una medida que ha generado un fuerte contrapunto con La Cámpora, organización que brindó su respaldo al reclamo judicial interpuesto por el defensor del Pueblo bonaerense, Guido Lorenzino.
El núcleo de la controversia se encuentra en la resolución 585/2026 del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia. Dicha norma aprobó nuevos cuadros tarifarios basados en la distribuidora y la categoría de consumo, lo que resultó en incrementos que oscilan entre el 1,5% y el 3,5% en las facturas finales de los usuarios.
Técnicamente, la medida introduce una actualización transitoria del Valor Agregado de Distribución (VAD). Este componente es fundamental ya que remunera los costos operativos de las empresas prestadoras, incluyendo salarios, mantenimiento, gastos operativos e inversiones. El Organismo de Control de Energía Eléctrica de la provincia también aplicó recálculos en otros ítems, como el cargo de transición tarifaria, el agregado tarifario y el sobrecosto por generación local.
Desde la Defensoría del Pueblo bonaerense advirtieron sobre el impacto económico de estas medidas. Según señalaron, el pago de la factura eléctrica durante los picos de invierno y verano puede representar más del 20% del ingreso familiar en los sectores medios. La situación es aún más crítica para los denominados "hogares electrointensivos", que dependen totalmente de la electricidad para sus servicios básicos, mencionando casos extremos donde las facturas mensuales alcanzan sumas de entre $600.000 y $800.000.
La medida afecta a las cuatro compañías que operan fuera de la concesión de Edenor y Edesur: EDEN (norte y centro), EDES (sur), EDELAP (La Plata y alrededores) y EDEA (costa atlántica y centro). Todas estas empresas forman parte del Grupo DESA, propiedad del empresario Rogelio Pagano, quien expandió su presencia en el mercado eléctrico bonaerense durante la gestión de María Eugenia Vidal.
La batalla legal iniciada por Guido Lorenzino se fundamenta en que los ajustes tarifarios fueron aplicados sin la convocatoria a audiencias públicas. El equipo de la Defensoría subrayó que, desde el año 2021, se han implementado incrementos sin una participación adecuada de los usuarios, una omisión que, según indican, trasciende la gestión actual de Kicillof. Asimismo, denunciaron una pérdida de eficacia en la Tarifa Social Provincial (TSP), argumentando que las bonificaciones para sectores vulnerables no evolucionaron al ritmo de los componentes tarifarios, reduciendo su capacidad real de cobertura.
En septiembre, el Juzgado en lo Contencioso Administrativo N° 1 de Bahía Blanca, a cargo de Agustín López Cóppola, admitió estos reclamos. El fallo suspendió las actualizaciones y ordenó que las empresas devolvieran los importes cobrados por los aumentos, extendiendo la medida a unas 200 cooperativas eléctricas fuera del AMBA.
Sin embargo, el gobierno bonaerense y las distribuidoras apelaron la decisión a finales de octubre. La Provincia argumentó que la instancia de participación ciudadana ya había sido cumplimentada en el procedimiento técnico de base y advirtió que la suspensión de los fondos podría comprometer el capital de trabajo de las compañías y la sostenibilidad financiera del servicio. Posteriormente, la Cámara en lo Contencioso Administrativo de Mar del Plata, integrada por los jueces Roberto Daniel Mora y Diego Fernando Ucin, dio lugar a la apelación provincial.
El ministro de Gobierno, Carlos Bianco, defendió la postura oficial asegurando que la Provincia se limitó a brindar explicaciones técnicas sobre por qué no correspondía convocar a nuevas audiencias, dado que ya existían regímenes establecidos antes de la llegada de Kicillof. A pesar de esto, la Defensoría aclaró que, aunque la cautelar no fue revocada, actualmente no se está ejecutando mientras la Cámara analiza las apelaciones.
Este escenario judicial derivó rápidamente en un conflicto político. Facundo Tignanelli, jefe del bloque de diputados bonaerenses de UxP y dirigente cercano a Máximo Kirchner, respaldó la postura de la Defensoría y rechazó la disposición del gobierno provincial. Tignanelli dirigió sus críticas hacia el ministro Gabriel Katopodis, quien es señalado como uno de los posibles candidatos del kicillofismo para la gobernación en 2027.
Tignanelli ha coordinado con Lorenzino un proyecto legislativo sobre el endeudamiento. Basándose en un relevamiento del defensor adjunto Walter Matertello, se estima que la deuda impaga de los bonaerenses asciende a $6,49 billones, con más de 1,8 millones de personas en mora. La iniciativa, que ya cuenta con media sanción en la Cámara de Diputados provincial, propone crear el Régimen Provincial de Prevención y Tratamiento del Sobreendeudamiento de Consumidores. Este sistema establecería una instancia prejudicial obligatoria donde la Defensoría del Pueblo pueda mediar entre deudores y acreedores (bancos y billeteras virtuales) para reestructurar las deudas antes de llegar a instancias judiciales.
