El juez penal de Garantías de Delitos Económicos, Humberto Otazú, ha determinado que el expresidente de la República, Peña, debe permanecer bajo la medida de prisión preventiva. Esta decisión fue comunicada por el magistrado a los periodistas tras la finalización de una audiencia de imposición de medidas, en la cual se evaluó la situación jurídica del exmandatario de 47 años. Según las palabras del juez Otazú, la aplicación de esta figura legal es necesaria para garantizar que el ciudadano se someta estrictamente al procedimiento judicial en curso.
Durante el desarrollo de la audiencia, el juez puntualizó un detalle relevante sobre el comportamiento procesal del imputado, informando que Peña optó por abstenerse de declarar, manteniendo su silencio frente a los cargos que se le imputan.
En cuanto a las condiciones de su reclusión, el magistrado ordenó que el exmandatario continúe detenido en las instalaciones del Regimiento Escolta Presidencial. Esta decisión evita que el exjefe de Estado sea trasladado a una cárcel común. La justificación brindada por el juez Otazú se basa en la condición previa de Peña como presidente, argumentando que, debido a su cargo, el imputado maneja una cantidad considerable de información sensible, especialmente en temas relacionados con el crimen organizado, lo que hace necesaria una custodia diferenciada por razones de seguridad y confidencialidad.
La detención de Peña se hizo efectiva el pasado viernes por la noche, momento en el cual se ejecutó una orden de detención librada por los fiscales. Este arresto ocurrió inmediatamente después de que el Senado de la República lo destituyera mediante un juicio político. La Cámara Alta, en una votación donde participaron 44 senadores, decidió removerlo de su cargo basándose en un "mal desempeño de funciones". Esta resolución legislativa fue determinante, ya que evitó que el expresidente pudiera acceder a la condición de senador vitalicio, lo que le habría otorgado fueros parlamentarios y, por ende, una protección legal distinta ante la justicia ordinaria.
Paralelamente a la situación procesal, la Fiscalía ha procedido a formular una acusación formal contra el exmandatario. Los cargos presentados incluyen la presunta lesión de confianza, en la cual se lo señala como instigador, y administración en provecho propio, cargo en el cual es señalado como autor. Ambas imputaciones se enmarcan dentro de la investigación judicial que analiza las causas y consecuencias de la caída de Ueno bank.
De acuerdo con los detalles proporcionados en la imputación fiscal, el expresidente habría intervenido directamente en gestiones relacionadas con la colocación, renovación y permanencia de sumas millonarias de dinero. Estos fondos provenían de diversas entidades públicas y previsionales que fueron depositados en la entidad financiera durante el periodo en que Peña ejercía la presidencia. Asimismo, la Fiscalía sostiene que el imputado mantenía una relación económica y corporativa previa con Ueno holding, el grupo empresarial que engloba a la ahora finiquitada entidad bancaria.
Este escenario legal es la consecuencia de una crisis institucional y financiera que se desencadenó el pasado martes, cuando el Banco Central del Paraguay (BCP) ordenó un procedimiento de resolución o disolución de Ueno bank. La entidad financiera afectada contaba con una base de 2,94 millones de clientes, entre los cuales se encontraban las mencionadas entidades públicas que habían depositado fondos masivos bajo el mandato de Peña.
La investigación no se limita únicamente al exmandatario. La Fiscalía ha extendido las imputaciones a otras 27 personas vinculadas al caso. Entre los procesados se encuentra Miguel Vásquez, quien es identificado como uno de los fundadores de Ueno bank, señalando así una red de responsabilidades que abarca tanto al sector político como al corporativo en la gestión de la entidad financiera.
