La Fiscalía de Paraguay ha solicitado formalmente que se ordene la prisión preventiva contra el expresidente Santiago Peña. Esta petición se produce tras la imputación formal del exmandatario por los presuntos delitos de lesión de confianza y administración en provecho propio, cargos que fueron presentados durante su comparecencia en el marco de la investigación judicial sobre el cierre de la entidad financiera Ueno bank.
El proceso legal contra Peña se ha intensificado luego de que el viernes fuera detenido, poco después de que un juicio político determinara que fue culpable de "mal desempeño de funciones". Esta destitución y posterior arresto están directamente vinculadas a la disolución de Ueno bank, una entidad que operaba con una cartera de 2,94 millones de clientes. Entre los afectados se encuentran importantes instituciones estatales, cuyos fondos quedaron congelados debido a los problemas de insolvencia que llevaron al cierre de la institución.
De acuerdo con el acta de imputación presentada por el Ministerio Público, el expresidente es acusado de haber actuado como instigador en el delito de lesión de confianza y como autor en el de administración en provecho propio. El documento fiscal sostiene que Peña habría intervenido directamente en las circunstancias relacionadas con la colocación, renovación y permanencia de sumas considerables de dinero provenientes de entidades públicas y previsionales dentro de Ueno bank.
La investigación destaca un conflicto de intereses significativo, ya que se señala que el expresidente mantenía una relación económica y corporativa previa con el grupo empresarial propietario del banco. Específicamente, Peña era accionista de Ueno Holding, el conglomerado perteneciente al Grupo Vásquez que controlaba a Ueno bank. Según la acusación detallada por los diputados que impulsaron el juicio político, Peña vendió su participación en dicha sociedad en marzo de 2025.
La Fiscalía añade que, mientras Ueno bank recibía estos recursos públicos, la entidad desarrollaba operaciones crediticias con sociedades que presuntamente estaban vinculadas a su propio grupo económico. Estas operaciones fueron objeto de observaciones e irregularidades identificadas por los órganos de supervisión del Banco Central de Paraguay (BCP), lo que refuerza la tesis de una gestión irregular de los fondos.
El caso no afecta únicamente al exmandatario. El Ministerio Público también ha imputado y solicitado la prisión preventiva contra Carlos Carvallo, expresidente del Banco Central de Paraguay. Carvallo enfrenta cargos por presunta lesión de confianza, administración en provecho propio y la producción inmediata de documentos públicos de contenido falso, actuando en calidad de autor. Carvallo se entregó a las autoridades la noche del viernes y fue arrestado inmediatamente.
La trayectoria de Carvallo es un punto clave en la investigación, ya que antes de asumir la jefatura del BCP en 2023, presidió la Financiera Ueno, la entidad precursora de Ueno bank. Los diputados señalaron que, apenas 83 días después de su designación al frente del emisor, el directorio autorizó la creación de la entidad bancaria que ahora se encuentra finiquitada.
Uno de los puntos más críticos del escándalo es el impacto en la seguridad social del país. Durante la administración de Peña, el Instituto de Previsión Social (IPS), la principal caja pensional de Paraguay, invirtió aproximadamente 355 millones de dólares en Ueno bank. Además, la entidad administraba las cuentas de unos 32.000 jubilados, quienes ahora enfrentan la incertidumbre derivada de la insolvencia del banco.
La magnitud de la investigación se extiende a otras figuras clave del sector financiero. La Fiscalía ha imputado a un total de 27 personas. Entre ellas se encuentra Miguel Vásquez, uno de los fundadores de Ueno bank, quien fue trasladado el pasado viernes a un centro penitenciario junto a otros cinco directivos de la entidad.
Actualmente, Santiago Peña permanece bajo arresto en un cuartel militar en Asunción, mientras la ciudad es escenario de protestas. El futuro legal del expresidente dependerá ahora de un juez, quien deberá decidir en una audiencia de imposición de medidas si acepta o rechaza la solicitud de prisión preventiva planteada por los fiscales.
