El Valle Central de Tarija se encuentra ante una amenaza ambiental crítica que podría alterar irreversiblemente su geografía y capacidad productiva. Según advirtió Rodrigo Ayala, director de la institución Prometa, la región corre el riesgo de convertirse en un ecosistema semidesértico en un plazo aproximado de 20 años si no se implementan medidas urgentes de control sobre el avance urbano y la pérdida de vegetación.
En declaraciones brindadas al medio digital El Faro de Tarija, Ayala detalló que el Valle Central posee una configuración geográfica particular que lo hace vulnerable. Se trata de un valle mesotérmico rodeado de montañas, una condición que conlleva una tendencia natural hacia la erosión. En este contexto, la cobertura vegetal y los cursos de agua no son elementos meramente ornamentales, sino componentes esenciales que permiten mantener la humedad del suelo y prevenir que el terreno se degrade aceleradamente.
Uno de los factores más preocupantes identificados por el director de Prometa es la expansión descontrolada de las urbanizaciones. El avance de los loteamientos y las construcciones clandestinas están invadiendo zonas críticas de recarga hídrica, mencionando específicamente los sectores de Santana La Vieja y La Victoria. Estas intervenciones humanas sustituyen la vegetación natural por edificaciones y superficies modificadas, lo que anula la capacidad del suelo para absorber el agua de lluvia. Además, este crecimiento urbano desordenado interrumpe los flujos de agua que descienden desde la serranía de Sama, los cuales son fundamentales para alimentar el sistema hídrico del Valle Central.
A este problema se suma el impacto devastador de los incendios forestales, que Ayala califica como un factor agravante de la crisis. El especialista señaló que el fuego no solo destruye los árboles, sino que elimina la capa de pastos esenciales. El director cuestionó la tendencia a minimizar estos daños cuando se argumenta que "únicamente se quemó pasto", explicando que dicha vegetación es la encargada de retener el agua, conservar la humedad del terreno y regular la temperatura del suelo. La creciente frecuencia de estos eventos en los últimos años ha acelerado el deterioro ambiental de la zona.
Las repercusiones de este proceso no se limitan al ámbito ecológico, sino que impactan directamente en la economía regional. La expansión de la mancha urbana sobre terrenos que originalmente eran productivos está limitando el crecimiento de actividades económicas clave, como la viticultura y otros cultivos agrícolas. Asimismo, este proceso está alterando la fisonomía de la campiña tarijeña, la cual representa uno de los principales atractivos turísticos del departamento. Según Ayala, la reducción de las fuentes de agua y la pérdida de superficies agrícolas ponen en riesgo tanto la producción local como las oportunidades de desarrollo futuro del Valle Central.
Ante este escenario, el director de Prometa hizo un llamado enérgico a las autoridades de los tres niveles de gobierno. Ayala sostuvo que es imperativo que las instituciones asuman sus responsabilidades en materia de planificación territorial, protección de las fuentes hídricas y control estricto de los asentamientos irregulares. Subrayó que la solución no puede depender únicamente de campañas de concienciación ciudadana, sino que requiere la aplicación efectiva de las normas vigentes y la adopción de medidas institucionales concretas.
Como respuesta inmediata a la problemática de los incendios, Prometa y la Federación de Empresarios Privados de Tarija están impulsando una estrategia conjunta de prevención y gestión. Este trabajo incluye la elaboración de un diagnóstico detallado sobre las zonas de mayor riesgo y el análisis de las condiciones meteorológicas que facilitan la propagación del fuego. Dentro de estas acciones, se ha gestionado la entrega del número gratuito de emergencias 117 a la Gobernación, cuya activación final depende ahora de dicha instancia gubernamental.
La propuesta de gestión también contempla la creación de reservas estratégicas de combustible, agua y equipamiento básico para responder a las emergencias, además de la implementación de mecanismos de patrullaje y sistemas de alerta temprana. El objetivo planteado por Ayala es lograr que, para el mes de mayo, exista un plan operativo consensuado entre todas las instituciones involucradas, asegurando que la región esté preparada antes del inicio de la próxima temporada de incendios. El director concluyó enfatizando que la protección del territorio y el agua exige transitar de los anuncios oficiales a acciones tangibles para evitar que el deterioro ambiental y productivo del Valle Central sea irreversible.
