Una serie de revelaciones han puesto bajo la lupa la contratación estatal durante el año 2023 en el Gobierno de Gustavo Petro, específicamente en lo relacionado con Verónica Guerrero Jiménez, hermana de Juliana Guerrero. Según la información detallada por el medio SEMANA, Guerrero recibió tres contratos directos en entidades clave del Estado, resaltando uno de ellos vinculado a la región de La Guajira, una zona donde las promesas gubernamentales de cumplimiento y desarrollo han sido cuestionadas por el incumplimiento hacia las comunidades locales.
Uno de los puntos más críticos de estas contrataciones es el perfil de la joven Verónica Guerrero al momento de recibir los encargos. Con tan solo 24 años de edad y contando únicamente con el título de bachiller, Guerrero fue seleccionada para ejecutar labores de alta responsabilidad. Su experiencia laboral certificada, que sirvió de respaldo para estos nombramientos, se limitaba a unos pocos meses en la Fundación Raíces Afro, una entidad que actualmente se encuentra bajo escrutinio público.
El contrato más polémico fue otorgado por el Ministerio del Interior. En este documento, se establecía que Guerrero debía desempeñar una función de "articulador e innovador" en la gestión política del Gobierno. El objetivo central era la implementación oportuna y eficiente de políticas públicas diseñadas para impactar el desarrollo y la equidad de grupos étnicos, minorías y poblaciones vulnerables, enfocándose en dimensiones de derechos humanos, democracia, participación, seguridad y convivencia ciudadana.
Este vínculo contractual tenía una relevancia jurídica y social profunda, ya que estaba directamente relacionado con la ejecución de las medidas ordenadas por la Corte Constitucional. Dichas medidas surgieron a raíz de la declaratoria del "estado de cosas inconstitucionales" que afecta a las comunidades wayú en La Guajira. A pesar de la magnitud de la responsabilidad y la urgencia de atender a una población vulnerada, los resultados no fueron evidentes.
Tras una revisión en el Sistema Electrónico de Contratación Pública (Secop), se constató que no existe un informe de gestión que respalde la labor realizada por Verónica Guerrero en este contrato. No obstante, la auditoría de gestión y la Corte han dejado claro que hubo un incumplimiento hacia la región de La Guajira. A pesar de la ausencia de productos entregables o evidencias de gestión, se pudo comprobar que la contratista recibió la totalidad de los salarios pactados.
La gravedad de la situación se ve reforzada por una alerta emitida por el Viceministerio de Diálogo Social del Ministerio del Interior. En dicho documento, se advierte que los contratos firmados durante la administración anterior para dar cumplimiento a la sentencia de la Corte no alcanzaron ninguno de los objetivos propuestos. La alerta es tajante al señalar que el Poder Ejecutivo le ha incumplido tanto a la Corte Constitucional como a las comunidades protegidas, subrayando que el Estado colombiano en su conjunto ha fallado en su deber de garantía y protección según la Sentencia T-302 de 2017. Además, el documento pone sobre la mesa la alarmante cifra de 3.000 millones de pesos en recursos para la región que habrían sido objeto de saqueo.
Pero el historial de contratos directos de Verónica Guerrero no terminó en el Ministerio del Interior. La joven también obtuvo dos contratos en la Agencia Nacional de Contratación Pública-Colombia Compra Eficiente. El primero, firmado el 7 de octubre de 2022, tuvo un valor de seis millones de pesos y una duración de 85 días. Su función era apoyar la gestión de la Dirección General en actividades administrativas, logísticas y de divulgación relacionadas con los servicios de apoyo a la compra pública.
Posteriormente, el 20 de febrero de 2023, recibió un segundo contrato con la misma entidad. En esta ocasión, el monto ascendió a cerca de 13 millones de pesos, con una duración extendida a 182 días y manteniendo el mismo objetivo de apoyo administrativo y logístico. Al igual que ocurrió con el contrato de La Guajira, una revisión exhaustiva no permitió encontrar ningún informe de gestión que acreditara las actividades realizadas por Guerrero durante su tiempo en Colombia Compra Eficiente.
Estos hechos ocurrieron en 2023, periodo previo a que las hermanas Guerrero Jiménez asumieran roles de influencia en la contratación del Ministerio de la Igualdad, entidad creada bajo la administración de Petro que, según los reportes, no logró consolidarse satisfactoriamente.
